A diario en los medios de comunicación existen manifestaciones (con todo el derecho a hacerlas y con mucha razón aún si se trata de vivencias personales) provenientes desde distintos sectores y personas acerca de que en el país no hay justicia o que en el caso particular de nuestra provincia la justicia no sirve, no existe o no se aplica o que el sistema judicial no funciona.
Bueno, nadie puede discutir que la justicia como todo poder del Estado tiene sus dificultades y constantemente necesita mejorar, esa es una exigencia necesaria de todo sistema sea público o privado que brinde servicios a la comunidad; de ello, no puede haber discusión alguna al respecto.
Ahora bien, a mi modo de ver a la justicia se la critica demasiado (insisto que así debe ser para mejorarla) pero poco se destacan sus bondades, como así también, las respuestas y soluciones que a diario brinda a una sociedad que constantemente acude a sus dependencias para ver garantizados sus derechos.
En cualquier sistema de gobierno, tener la posibilidad de acceder a la justicia para peticionar la garantía de derechos básicos fundamentales es trascendental para evitar no solo todo tipo de injusticia, sino también, la existencia de poderes salvajes sin límites.
Cada caso de la inmensa cantidad que ingresan a diario al sistema de justicia a través de sus distintos fueros, es un mundo, que no puede ser tratado superficialmente, sino con seriedad y responsabilidad, porque simplemente involucra a las personas en los distintos aspectos de su vida.
Algunos de esos casos llevarán más tiempo y otros menos tiempos para la obtención de una respuesta que en muchas ocasiones tiene que ver con la gravedad de afectación de los derechos en juego, con las complejidades probatorias que sea necesario ordenar, la cantidad de casos que ingresan a esa dependencia con situaciones más graves que es necesario priorizar, los diversos planteos que se realicen y que deben obtener una respuesta, etc.
En el Poder Judicial o en la justicia como se le suele decir, también trabaja mucha gente dedicada, predispuesta y sensible a las vulnerabilidades ciudadanas, sean magistrados o magistradas, funcionarios o funcionarias, instructores o instructoras, sumariantes y profesionales de otras ciencias, quienes tienen una real vocación de servicio para darle una respuesta a la ciudadanía, llevándose el trabajo a su casa cuando las horas de oficina son insuficientes, quedándose después de hora en sus lugares de trabajo, entre otras tareas de las tantas que realizan, sin dejar de advertir, por supuesto, que pueden surgir contingencias que lleven a que un proceso demore más que otro y ese será un indicador que se evaluará para corregir y mejorar el sistema (esto último es algo que se viene haciendo desde la cúspide del Poder Judicial), sin embargo, generalizar a “toda la justicia” a partir de una experiencia personal no es algo que le corresponda a la totalidad de las personas que trabajan en esa institución o que pueda definirla.
Cuando a diario se critica a la justicia (reitero, en ocasiones con mucha razón y en otras simplemente desde el dolor y la adversidad personal), también debe pensarse que así como la justicia falla, no obstante esa misma justicia a la que se cuestiona es la que condena a muchas personas que lastiman a otras, la que sanciona a quienes violentan sexualmente a los niños, niñas y adolescentes, la que le devuelve dignidad a las víctimas, la que restaura derechos vulnerados a los trabajadores sean públicos o privados, la que le otorga una familia a un niño o niña que no la tiene, la que obliga a que se cumplan con las cuotas alimentarias para los niños, niñas y adolescentes, la que impone que una persona con enfermedades o patologías graves reciban un tratamiento adecuado o que la obra social lo cubra, la que castiga la violencia institucional o lleva adelante los juicio por delitos de lesa humanidad castigando a genocidas, la que reconoce el derecho de propiedad a quien se lo privaron de manera ilegítima, la que protege y sanciona a quienes maltratan niños, mujeres, personas adultas mayores o con discapacidad o las pertenecientes a comunidades LGTBI+, la que en reiteradas ocasiones recupera las cosas robadas o hurtadas y las devuelve a sus propietarios, entre otras cuestiones del inconmensurable mundo jurídico.
En definitiva, e insisto con énfasis en ello, la justicia como todo poder estatal tiene falencias y es algo desde lo que se trabaja constantemente para mejorar y estar a la altura de las demandas sociales, sin embargo, también es ese mismo Poder Judicial al que se lo critica cotidianamente, el que cotidianamente y a través de operadores comprometidos le permite a muchas personas e instituciones el goce pleno de sus derechos fundamentales.
(*) Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca. Profesor adjunto de Derecho Penal II de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca. Miembro de la Mesa Nacional de Asociación Pensamiento Penal.