Desde octubre de 2021 rige en la Argentina la Ley de Etiquetado Frontal, una norma que también tiene vigencia en numerosos países del mundo, con el propósito de alertar a la ciudadanía respecto de los alimento ultraprocesados y marcando con claridad a través de octógonos cuando contienen exceso de azúcares, sodio o grasas.
La ley, que al principio tuvo la resistencia de empresas productoras de alimentos, tuvo a partir de su implementación una gravitación que los propios consumidores argentinos destacan como positiva. A partir de la visualización de los octógonos, pudieron advertir cuáles alimentos podían generar problemas de salud, sobre todo a aquellas personas que padecen alguna enfermedad crónica, como diabetes, obesidad o hipertensión.
Una encuesta elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación en 2023 reveló que el 43% de la población afirmó tener en cuenta los sellos a la hora de comprar. El 58% sostuvo haber modificado su intención de compra para galletitas y el 57% para bebidas. Los resultados demostraron que la mayoría (76,4%) de la población conocía la Ley de Promoción de la Alimentación saludable y se encontraba de acuerdo o muy de acuerdo con el etiquetado frontal (93,9%).
Además, las propias empresas mejoraron la calidad de los alimentos para adecuarse a la norma.
El año pasado, diputados nacionales del Pro propusieron la derogación de la ley, pero tal iniciativa no prosperó y los legisladores fueron acusados de hacer lobyy para las grandes firmas alimenticias. Era previsible que el intento fracasara, considerando que cuando se aprobó, tuvo el acompañamiento de una altísima proporción de los legisladores. En la Cámara de Diputados de la nación, la norma obtuvo 200 votos a favor, 22 negativos y 16 abstenciones.
El Ejecutivo nacional dictó, en los últimos días de diciembre, un decreto que modifica la ley. Además de los cuestionamientos de inconstitucionalidad de los cambios –un decreto no puede modificar una ley-, hubo también otros referidos al contenido de los cambios. Es que el decreto señala que los alimentos y bebidas que tengan azúcares, grasas y sodio de forma natural no serán tenidos en cuenta a la hora de rotularlos con los sellos. Por el contrario, los octógonos con advertencias aparecerán en los productos que tengan estos componentes añadidos durante el proceso de fabricación.
La medida generó críticas entre la mayoría de los nutricionistas, nucleados en colegios profesionales y organizaciones, que alertaron que las modificaciones harán que muchos consumidores no tomen conciencia de que están consumiendo alimentos que pueden ser perjudiciales para la salud por la presencia de exceso de azúcares, grasas y sodio, solo porque no fueron agregados durante el proceso de elaboración.
La urgencia por aprobar estas modificaciones sin el necesario debate, que sí tuvo al sancionarse la norma, presupone una presión de las empresas alimenticias que contraría el espíritu de la norma aprobada hace menos de cuatro años.
