jueves 13 de junio de 2024
Análisis

La violencia de género existe, oprime y mata

"Yo creía que él me pegaba porque yo era fea", dijo suavemente una mujer en uno de los grupos de autoayuda que organizaba Elena Tchalidy en su Fundación Alicia Moreau de Justo durante la década de los 90. Las integrantes del grupo la rodearon, la abrazaron, le mostraron un espejo, "sos hermosa" le dijeron, además "feo" "lindo" no da derecho a pegar. "Pegar -siguieron- es abuso de poder, la violencia es delito".

Durante la transición democrática esa "práctica de golpear y humillar", naturalizada y tolerada por siglos, constituyó uno de los desafíos centrales de nuestras luchas; divulgábamos el conocimiento sobre el circuito de la violencia de género, que desestructura, vulnera la personalidad, cosifica y paraliza a la persona que la sufre, que por eso no puede escapar y por eso el imaginario social repite con indiferencia que "ella lo acepta". El depredador la aisla de su familia, de su entorno, de sus amigos, de sus afectos.

Desde esas décadas los feminismos militamos creando espacios de concienciación, y a favor de definir a la violencia de género no como un mero problema de índole privada, sino como una cuestión de orden público que exigía para su erradicación, la creación de organismos en el Estado, a fin de permear a la Justicia y extender las experiencias y luchas al conjunto de las mujeres de todas las provincias, convirtiéndola en una política federal. Durante todos los gobiernos hubo espacios gubernamentales, mejores, peores, más eficientes, menos, pero nunca se dudó en el reconocimiento de la especificidad de la violencia de género como estructural y en la obligación del Estado argentino de respetar los tratados internacionales, muy especialmente la "Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer" aprobada por la ley 24632, conocida como Convención de Belem do Pará.

Inspirada en esa Convención se sancionó y promulgó en nuestro país en el año 2009 la ley 26485, que comprometió al Estado a impulsar un plan de políticas públicas sobre las violencias, a realizarse con perspectiva de género en todos los organismos públicos, a crear un Observatorio para investigar y registrar, a articular con las provincias y a facilitar el acceso de las mujeres a la justicia en su búsqueda de protección. Dispositivos para medir las violencias y visibilizarlas como un fenómeno que produce daño físico -del cual el femicidio es su extremo- que arrasa la subjetividad de la persona, sufrimiento que se extiende a los niños quienes muchas veces quedan huérfanos o culturizados en los hábitos violentos.

Por eso, le decimos al gobierno nacional que el estallido del Ni una Menos, no fue ni es un "sesgo ideológico", fue una rebeldía sin edad ni clase social ante el asesinato el 3 de junio de 2015 de Chiara Páez, una joven de 14 años a manos de su novio Manuel Mansilla, crimen que hizo salir a la calle a miles de mujeres para gritar "basta de matarnos".

Tampoco la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) es "un sesgo ideológico", es la posibilidad de contribuir socialmente desde la autoridad del Estado a hacer realidad un paradigma de igualdad, sin opresiones ni dominación. Es la experiencia social acumulada por nuestro movimiento y la demanda legítima e histórica de tener herramientas de prevención, protección y acompañamiento a través de los sistemas de salud, de educación y de desarrollo social provinciales y municipales y dispositivos y organismos especializados de todo el país.

Solo una política nacional, coordinada con los gobiernos provinciales, permanente y continuada en todos los niveles podría proponerse modificar estadísticas de extraordinaria crueldad. Según los datos oficiales del Registro Nacional de Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, entre 2017 y 2023 hubo entre 226 y 260 víctimas de femicidio al año.

En 2023 las víctimas ascendieron a 322 según el Observatorio de la Defensoría del Pueblo de la Nación, una muerte cada 27 horas y en los primeros cinco meses de 2024 se contabilizan ya 78 en diferentes provincias. Los asesinatos de personas transgénero y las mujeres lesbianas del barrio de Barracas constituyen un aumento estadístico imperdonable al compás de discursos de odio de manifiesto e irresponsable sesgo ideológico.

Por eso denunciamos que el avieso comunicado del gobierno nacional, constituye un ejemplo de información malintencionada, plagado de falsedades. Evidencia un brutal e inaceptable desconocimiento de que los avances en los derechos de las mujeres y diversidades, construyen una sociedad más justa e igualitaria.

Entre las políticas de Estado impulsadas por el ministerio se generaron Interministeriales y Consejos Federales para el cumplimiento de los planes integrales de prevención y de acompañamiento psicológico, emocional y jurídico de las víctimas, apoyo económico con un ingreso, mínimo pero significativo, para comenzar a abrir la puerta a la libertad del círculo de la violencia. Se crearon áreas específicas y las personas afectadas constituyeron prioridad en los programas sociales nacionales. Se lograron políticas efectivas de acceso a servicios de cuidado (infraestructuras de centros comunitarios y de acogida así como espacios de atención a lxs niñxs), de acceso a la vivienda, al empleo, a la salud, a la inclusión en la educación, la promoción social y el desarrollo económico, de capacitación para la participación en proyectos productivos que apoyaran la autonomía personal y económica y se realizaron progresos en los acuerdos con el Poder Judicial para facilitar el acceso a la justicia. Avances todos difundidos y articulados con las provincias argentinas y las organizaciones sociales en todo el territorio nacional.

Hoy todas estas políticas han sido abolidas y peligra la continuidad del número 144 que recibe por año más de 140.000 denuncias y pedidos de ayuda. Todas las políticas mencionadas constituyen un ejemplo del paradigma de equidad desde el que fueron abordadas las violencias contemplando la complejidad y multidimensionalidad de la problemática, acompañando a las mujeres, aliviándolas cuando son víctimas, pero ayudándolas a potenciar sus capacidades para la autonomía e independencia.

No es cierto que esta obstinada intención de desinstitucionalizar la problemática pretenda eficientizar al Estado, quiere destruirlo y así lo ha declarado el Presidente. Un Ministerio ineficiente o prebendario podría corregirse, mejorarse. Su eliminación solo confirma que se está abandonando a su sufrimiento a miles de mujeres y diversidades, desconociendo las obligaciones como Estado y mintiéndole a la sociedad.

Negar la problemática o considerar a la violencia de género solo desde una perspectiva de seguridad no resolverá el tema y condenará a miles de mujeres a la soledad, el dolor y en muchísimos casos a la muerte.

Los libertarios de la "Libertad carajo" están convirtiendo a la vida en cárceles de sufrimiento, miseria y opresión.

Este llamado de la Colectiva Feminista Federal a las mujeres argentinas quiere hacer masiva la denuncia y el rechazo a las medidas de devastación de nuestros ámbitos institucionales de protección y promoción. Y a través de las redes que hemos sabido urdir, convocarnos a restablecer vínculos para llenar el vacío que está dejando el Estado, con la solidaridad y la capacidad de asistirnos y sostenernos que caracteriza nuestra práctica y la voluntad política y la ética humanista que nos trajo hasta aquí.

El 12 de junio decimos presente en la calle contra la Ley de Bases. Decimos presente en contra del hambre, la violencia y la destrucción del Estado.

La violencia de género existe, oprime y mata

Colectiva Feminista Federal por la Democracia y los Derechos Humanos

Azuri, Flavia; Barrancos, Dora; Blanco, Patricia; Boria, Adriana; Brugo, Nina; Busaniche, Mabel; Campagnoli, Mabel Alicia; Cuadro, Victoria; Corbalán, Silvia; Costa Wegsman, Malena; Córdoba, Carolina; Chiarotti, Susana; Diz, Tania; Dominguez, Alejandra; Ercoli, Cristina; Falú, Ana; Fernández, Ana María; Fernández, Micaela; Franganillo, Virginia; Gabarra, Mabel; Gamba, Susana; Gebennini, Dinora; Gil Lozano, Fernanda; Giri, Beatriz; Gonzalez, Ana; Goren, Nora; Hendel, Liliana; Laudano, Claudia; Leciñana Blanchard, Mayra; Lubertino, María José; Maffia, Diana; Maldonado Z., Aída; Marino, Juliana; Mendia, Ana; Minyersky, Nelly; Naddeo, María Elena; Oller, Lucrecia; Palero, Pate; Pastoriza, Lila; Perceval, Marita; Ramos, Gabriela; Roberto, María de los Ángeles; Rodigou, Maite; Román, Sandra; Rotondi, Gabriela; Rosenberg, Martha; Rueda, Alba; Sanchís, Norma; Sanz, Susana; Spila, Adriana; Vaghi, Adriana; Yornet, Sol.

Seguí leyendo

Te Puede Interesar