El juez subrogante Sebastián Argibay dictó los procesamientos en la causa de RT Inversiones tras poco más de un mes de investigación
Competencias. El juez Argibay falló sobre lo que le compete y derivó las estafas al fuero provincial.
Con el procesamiento a los miembros de la banda Bulacio por intermediación financiera no autorizada y el giro del expediente a la Justicia provincial para que se ocupe de deslindar responsabilidades en lo que concierne a estafas y asociación ilícita, el juez federal subrogante Sebastián Argibay, que suplanta a su par Miguel Contreras, ordena la escena procesal de las trampas piramidales y expone que el fuero federal no es el adecuado para que los inversores defraudados recuperen los capitales invertidos.
Mientras las causas del resto de las financieras bajo investigación siguen dilatándose por las sistemáticas promesas de pago, modelo al que, dado el éxito obtenido por Edgar Adhemar Bacchiani, se ajustan todos los encartados, la de RT Inversiones desembocó en los procesamientos con prisión preventiva en poco más de un mes con un elemento clave: al derivar las estafas al fuero provincial, abre la vía para que los perjudicados avancen más rápidamente hacia la eventual restitución de sus fondos.
La sentencia, aparte, descarta el lavado de activos y señala específicamente que la firma captaba fondos que pertenecían a los inversores y los usaba para adquirir criptoactivos o pagarles otros inversores, con lo que queda configurada la intermediación financiera sin autorización.
El juez se ocupó además de consignar que las intermediaciones ilícitas se realizaron en “concurso real”, y no “ideal”, de modo que cada uno de los hechos se juzgaría como autónomo y las sentencias, llegado el caso, se acumularían.
Es lo que está pasando en Córdoba, donde Bacchiani fue indagado por la fiscal de Delitos Complejos Valeria Rissi por otros 32 hechos de estafa que se sumaron a los 18 originales. Es esta sumatoria de supuestas estafas lo que demora allá el procesamiento. En el Juzgado Federal de Catamarca, en cambio, las dilaciones devienen de los intentos por configurar un escenario de devolución de los dineros esquilmados bajo el paraguas de preservar la “paz social”, mecánica que ha convertido a Bacchiani en una suerte de indagado perpetuo.
Por supuesto, ahora viene la etapa de las apelaciones y habrá que ver qué dice el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de la competencia que se le asigna, pero la procedencia de la denuncia por estafa si la intención es obtener resarcimiento se torna, con el fallo de Argibay, obvia. La vía federal deja la secuencia de pagos sujeta a la voluntad del estafador, condicionada a la determinación del lavado de activos.
En una de las causas de las que el fuero provincial se desprendió velozmente para elevarla al Federal se consigna esta inconsistencia.
El juez subrogante Sebastián Argibay dictó los procesamientos en la causa de RT Inversiones tras poco más de un mes de investigación El juez subrogante Sebastián Argibay dictó los procesamientos en la causa de RT Inversiones tras poco más de un mes de investigación
Al oponerse al último pedido de prisión domiciliaria de Bacchiani, un abogado argumenta: “Resulta un delirio que el imputado por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada pretenda transformar el fuero penal de un juzgado federal en un fuero ordinario comercial”.
“Resulta oportuno patentizar que todos los activos de propiedad del imputado que en el proceso de investigación resulten embargados, secuestrados y/o decomisados, solo podrán ser dispuestos una vez que exista una condena firme en contra del imputado, nunca antes”, agrega.
Esto es: mientras más rápido llegue la Justicia Federal al final del proceso por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, más cerca estarán los damnificados de acceder a resarcimientos.
El otro elemento a tener en cuenta en la sentencia de Argibay es que todos los supuestos coautores fueron procesados con prisión preventiva, tras indagar prácticamente a la totalidad del personal de RT para establecer la cadena de responsabilidades. Tal cosa no ocurre en el resto de las causas, donde algunos están con prisión efectiva, otros con domiciliaria y varios libres de hacer con las presuntas cuentas virtuales lo que se les antoje.
Todo, tras promesas de pagos parciales y con criterios de prioridad estrafalarios propuestos por los propios encartados, consentidos por estudios jurídicos.
