La celebración del Gobierno nacional de un año entero con superávit fiscal tiene su contracara en la gravitación que el programa económico configurado para alcanzar ese logro de orden macroeconómico tiene en el deterioro de otros indicadores, sobre todo los de más alto impacto social.
El superávit fiscal se alcanza cuando los ingresos son más altos que los gastos. Se puede lograr incrementando los ingresos o bajando los gastos. O ambas cosas a la vez. El programa económico de Milei-Caputo se focalizó exclusivamente en el recorte del gasto. De hecho, no solo cayó el gasto, sino que también disminuyeron los ingresos este año respecto del año pasado. El superávit se logró porque las erogaciones cayeron más que lo que se recaudó. El gasto se derrumbó un 29% mientras que los ingresos se redujeron un 7%, con una incidencia muy fuerte de tributos ligados al nivel de actividad económica, como por ejemplo el IVA. Estos indicadores explican elocuentemente cómo se achicó en general la economía argentina en 2024 respecto de 2023.
La anterior experiencia de superávit fiscal, registrada entre 2003 y 2008, durante el gobierno de Néstor Kirchner y el primer año de Cristina Kirchner, se dio, a diferencia de la experiencia actual, en un contexto de crecimiento de la economía. Es decir, donde el superávit se explicaba más por la evaluación positiva de la recaudación que por una baja del gasto público.
De acuerdo con un informe elaborado por el CEPA (Centro de Economía Política Argentina) en base a datos oficiales, el gasto público en 2024 alcanzó su nivel más bajo de los últimos ocho años (13% del PBI).
El estudio es revelador respecto de cuáles fueron los sectores más perjudicados por el formidable ajuste fiscal: de cada $100 ajustados en lo que va de 2024, $24 provinieron de la obra pública. Esto incluyó una virtual paralización de obras, salvo proyectos energéticos específicos como la reversión del gasoducto norte. Además, $22 de cada 100 recortados provinieron de la caída de los haberes jubilatorios.
Las caídas se verifican asimismo en transferencias sociales: los subsidios se redujeron un 22% y los programas sociales, en un 55%.
Otro rubro en donde se advirtieron fuertes retrocesos, siempre según el estudio del CEPA, fue el de las transferencias a las provincias. Por caso, las transferencias no automáticas cayeron un 68% interanual, con incidencia muy marcada por la desaparición del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente).
¿Es posible mantener el superávit fiscal sin las consecuencias negativas que el ajuste –la motosierra- provoca en los sectores de mayor vulnerabilidad social? La historia argentina cuenta con varios antecedentes que indican que las políticas de fuerte recorte del gasto público traen aparejados aumentos en los niveles de pobreza de las que luego cuesta recuperarse. De todos modos, tal vez aquellos procesos negativos puedan servir como aprendizaje para la generación de políticas activas de recuperación de los ingresos y de reactivación de la economía, condiciones indispensables para no repetir los errores del pasado. n
