Meta fichas. Leopoldo Moreau aclaró que la comisión de juicio político puede pedir hasta allanamientos.
Mientras el gobernador riojano Ricardo Quintela se apresta a sumar su propia denuncia penal a la que ya presentó su colega santiagueño, Gerardo Zamora, el diputado Leopoldo Moreau empezó a caldear el ambiente para el espectáculo que se montará contra la Suprema Corte en la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que integra.
El legislador advirtió que 16 de los 31 miembros de la comisión forman en el Frente de Todos, de modo que el proceso puede activarse en ese ámbito, al margen de que el oficialismo no cuente con los números necesarios para aprobar luego en el recinto un eventual dictamen favorable al proceso. La cuestión es que el circo abierto por el presidente Alberto Fernández y los gobernadores no decaiga.
Hábil, Moreau recordó que hay otros proyectos de juicio político contra la Corte, que podrían acumularse al que promueve. Uno fue interpuesto por la Coalición Cívica de la diputada Elisa Carrió contra Eduardo Lorenzetti. Otro, por la Asociación Latinoamericana de Juristas contra todo el tribunal, “que es muy sólido y muy bien fundado”, consideró.
La minuta del proceso extendida por Moreau incluye convocar a los jueces a la comisión y pedir medidas de prueba y peritajes de, por ejemplo, teléfonos celulares. Incluso allanamientos, con el concurso de la Justicia Federal.
"La comisión tiene amplias facultades. Se lo puede citar y tienen la obligación de presentarse a la citación. Se pueden pedir medidas de prueba, medidas documentales, se pueden pedir peritajes de aparatos electrónicos; a través de un juez federal se puede allanar. Se puede llevar a un testigo por la fuerza pública si es que se niega a presentarse", explicó.
El legislador especificó que Silvio Robles, asesor del presidente de la Corte Horacio Rosatti complicado por diálogos con el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro obtenidos a través de hackeos ilegales, también puede ser citado.
“No es juez, ni siquiera es abogado. A pesar de eso, es funcionario de alta jerarquía porque es director general del despacho del presidente de la Corte”, advirtió.
Robles y D’Alessandro son los estribos sobre los que se empinó el santiagueño Zamora para reforzar el juicio político con una denuncia penal que radicó en el Juzgado Federal de su provincia, que fue girada a Comodoro Py después de que el juez Guillermo Molinari se declaró incompetente, no sin antes requerir, infructuosamente, el teléfono de Robles. Es el mismo camino que tomará Quintela, según anunció. Todo suma al sainete.
El Frente de Todos no puede sacar el juicio político a la Corte en el Congreso, pero sí sostener el escándalo en la comisión
Moreau, como Zamora, es radical sobreviviente de la “transversalidad” ideada por Néstor Kirchner en 2003, de la que la UCR catamarqueña formó parte hasta que a Eduardo Brizuela del Moral se le ocurrió tomar partido por el campo en la célebre batalla por las retenciones móviles de 2008. Retenciones móviles pergeñadas por el entonces ministro de Economía Marín Lousteau, que ahora es antikirchnerista.
El diputado nacional está entusiasmado con el espectáculo en ciernes, en el que con seguridad habrá una competencia entre los oficialistas para posicionarse como el más agresivo en el embate. Y el interés por someter el tema a votación en el recinto, donde naufragaría, será nulo: el objetivo es sostener el escándalo el mayor tiempo posible.
“Nosotros suponemos que el resto de los legisladores de la oposición va a participar. Deseamos además que participe porque efectivamente el juicio político a los miembros de la Corte, presentado por el presidente de la Nación y un grupo de gobernadores, tiene una enorme magnitud desde el punto de vista institucional", señaló Moreau
Quintela, atento al déficit de legisladores para que el juicio político prospere más allá de la comisión, tiró una perlita para provocar a los radicales.
“El radicalismo no puede seguir siendo una prostituta barata del PRO", estimó.