Se suele sostener, con razón, que los recursos que se destinan a la educación no son un gasto, sino una inversión. A mayor nivel educativo, mayor es la probabilidad de que un país alcance mejores niveles de desarrollo en todos los campos. La Ley de Educación Nacional, aprobada en Argentina en 2006, establece que la inversión en materia educativa no debe ser inferior al 6% del PBI (Producto Bruto Interno). Desde la sanción de ese instrumento legislativo, la pauta del 6% como piso solamente se cumplió en tres oportunidades: 2009, 2013 y 2015, según un informe de la ONG Argentinos por la Educación (AE). Desde entonces no ha vuelto a cumplirse.
Las inversiones más altas desde 2009, primer año en que se cumplió con la pauta, se registraron en 2015 (6,1%), 2009 y 2013 (6%) y las más bajas en los dos últimos años del gobierno de Mauricio Macri (5,1% en 2018 y 4,9% en 2019). Los recursos volcados a la Educación dependen de una parte del gobierno federal (el 75%), pero también las distintas jurisdicciones provinciales hacen un aporte presupuestario sustancial (25%) desde la década del noventa, cuando el servicio educativo fue transferido de Nación a provincias.
Otro informe de Argentinos por la Educación más reciente traza un panorama preciso de cómo es el financiamiento de la Educación en las provincias. El primer dato relevante es que el distrito más rico del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el distrito que menos invierte en Educación. Desde 2004 hasta 2021 se redujo en casi 9 puntos porcentuales, alcanzando apenas el 17% del presupuesto total de la jurisdicción. Las otras provincias que se encuentran en los peores lugares del ranking bajos son Santa Cruz (18%), Tucumán (19%), Formosa (20%) y San Juan (19%).
En el otro extremo, es decir, entre los distritos que destinan más presupuesto a la educación respecto del presupuesto total se encuentran Buenos Aires (30,8%) y Salta (28,8%). Catamarca está un poco más debajo de la mitad del listado, con un 21%.
El incremento del presupuesto para Educación es compartido por las dos fuerzas mayoritarias, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. La postura libertaria es diferente. Javier Milei se ha pronunciado en contra de la obligatoriedad del sistema educativo y de que el Estado invierta más recursos en la educación pública. Pero hay un consenso muy mayoritario en la sociedad argentina respecto de la necesidad de garantizar un buen flujo de recursos al financiamiento educativo.
Sin embargo, un incremento del presupuesto no se traducirá automáticamente en una mejora de la calidad educativa. Es decir, el financiamiento es condición necesaria pero no suficiente. Se requiere, además de una planificación adecuada, que haya docentes capacitados y bien pagos, buena infraestructura y equipamiento y, fundamentalmente, una organización que otorgue garantías de una utilización eficaz y eficiente de los recursos.n
