miércoles 1 de febrero de 2023

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Cara y Cruz

Justicia tuerta

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Con celeridad tan notoria como elogiable, la fiscal Yésica Miranda imputó en solo una semana a un joven de 27 años por lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad, delitos que habría perpetrado en contra de su expareja.

Se trata de un caso ejemplar de acción preventiva de la Justicia. Miranda había ordenado la detención del joven apenas recibió la denuncia radicada por la agredida, que había pagado con dos días de terror la decisión de terminar la relación amorosa con su victimario.

El despechado, aseguró la muchacha, se le metió en la casa, la golpeó, le infligió heridas con un cuchillo, la amenazó de muerte y la mantuvo encerrada durante al menos ocho horas junto a su madre y otra amiga.

El agresor fue imputado una semana después del episodio y sigue preso.

En contrapartida Ramón Elpidio Guaraz, intendente de Santa Rosa, fue denunciado por abuso sexual en junio del año pasado y recién en este octubre, tras un enrevesado juego de recursos dilatorios, fue imputado por abusos sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad.

A un agresor ignoto le pintaron los dedos en una semana; para proceder del mismo modo con el tristemente célebre Guaraz se tomaron 16 meses. El agresor ignoto está preso, Guaraz se fue libre cual golondrina después de que lo imputaron y no pasó una sola hora encerrado.

Independientemente de las singularidades de cada caso, la diferencia en el trato es ostensible indicio de una Justicia tuerta, que calibra el rigor conforme a la cara, y el poder, del cliente.

La víctima asegura que Guaraz la sometió a ultrajes desde que tenía 16 años, y la tenía bajo una permanente vigilancia que incluía encerrarla bajo llave. Además, la amenazaba con privar a su familia de los beneficios que en su condición de intendente les había otorgado, a cambio de los cuales habrían consentido que la muchacha viviera con él.

Recién consiguió escapar a semejante calvario cuando tenía 20 años. Radicó la denuncia en la Capital, porque en Santa Rosa nadie osó recibírsela por complicidad con el intendente o miedo a las represalias que pudiera tomar.

Guaraz declaró que mantenían una relación de pareja.

Elpidio Guaraz asegura que tenía una relación de pareja con su víctima. Cuando se inició el vínculo, ella tenía 16 años y él, 52

"Ella fue mi pareja durante un tiempo largo, luego nos distanciamos y aparentemente eso le ha caído muy mal a ella”, dijo Guaraz.

Debe haber sido un romance idílico: ella tenía 16 años y él 52; ella una muchacha de familia humilde, y él el capanga de Santa Rosa.

La desmesurada asimetría debería bastar para que el argumento fuera considerado prácticamente una confesión de parte, pero Guaraz recién lo volcó en autos cuando se le acabó el hilo al carretel de las maniobras leguleyas y debió allanarse a prestar declaración indagatoria, como se ha dicho, 16 meses después de ser acusado.

En ese lapso la joven, bajo la presión de enfrentar a personaje tan tenebroso y blindado por el poder y el sistema de complicidades y miedo que tejió en su feudo, fue interrogada tres veces.

Aparte del alegato romántico, Guaraz esgrime el político. Postula que todo es una patraña urdida por sus enemigos para conseguir en tribunales lo que no logran por las urnas.

En esta línea del “lawfare” santarroseño, su hermana Ester, secretaria de Desarrollo Social del municipio, activo el Movimiento Feminista del Este, con funcionarias, contratadas y becadas de la repartición.

La hermana de Elpidio quiere juntar medio centenar de mujeres que den testimonio de la sororidad del intendente ante el gobernador Raúl Jalil y requerir la colaboración del Gobierno para desarticular el complot.

No debe subestimarse la extravagancia. Con los tiempos selectivos que maneja la Justicia tuerta, capaz que para cuando la causa se eleve a juicio ya Guaraz haya sido reelecto.

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