Uno de los tantos problemas que afronta la economía argentina es que los empleos creados en los últimos dos años, que han logrado superar en cantidad los perdidos durante la pandemia, son precarios o de baja calidad. Estos empleos son, en su gran mayoría, informales, es decir en negro y por lo tanto carentes de derechos como lo sería un empleo formal y de calidad.
Datos surgidos de la última Encuesta de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina son reveladores de la magnitud del fenómeno: en 2022, solamente el 40,3% de la población económica activa de 18 años o más logró acceder a un empleo pleno de derechos. El estudio señala que el 8,7% de este segmento de la población se encontraba desempleado y el 23% con un empleo caracterizado por la informalidad y la inestabilidad (realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados, o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación). Y, finalmente, el 28% contaba con un empleo regular pero precario, con niveles de ingresos superiores a los de subsistencia, pero sin afiliación alguna al Sistema de Seguridad Social.
La precariedad de los empleos creados desde fines de 2020 explica por qué, pese a la reactivación económica y la generación de puestos de trabajo, la pobreza se mantiene en los niveles de 2019, luego de dos años de recesión (2018-2019). El ingreso medio mensual de los trabajadores del sector micro-informal fue un 28,9% menor que el ingreso del total de ocupados.
El problema no es solo el bajo nivel de los ingresos, sino también las consecuencias a futuro de esta estructuración del sistema laboral en la Argentina. El mismo informe de la UCA consigna que al 49,8% del total de los ocupados los empleadores carecen de aportes al Sistema de Seguridad Social, porque los empleadores no les pagan esos aportes o porque los trabajadores por cuenta propia no realizan el pago de sus propios aportes. Respecto de la cobertura de salud, el 39% de los ocupados no contaban con obra social, mutual o prepaga.
Entre las conclusiones del informe de la UCA se lee: “La precariedad laboral, la escasa generación de puestos de trabajo y los limitados efectos de las políticas de empleo llevaron a que una parte de los trabajadores desarrolle actividades en la denominada economía social. En 2022, a partir de los datos de la EDSA, se identificó que un 24% de los ocupados pertenecen a este sector de la economía. Se observa que estos trabajadores presentan un perfil diferente al del resto de los trabajadores, un mayor nivel de asociatividad, un menor nivel de retribuciones y que sus hogares sufre un mayor grado de pobreza e indigencia”.
Se presentan, en consecuencia, para el gobierno que asumirá en diciembre, dos desafíos complementarios: diseñar y ejecutar políticas que generen empleos de calidad, por un lado, y mejorar las condiciones de los trabajadores que en los últimos años se volcaron masivamente a lo que se denomina economía social.
