Para continuar, suscribite a El Ancasti. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE Antecedente. La Suprema Corte anuló el jury contra Porfirio Acuña porque el fiscal no había acusado.
Para continuar, suscribite a El Ancasti. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITECon el dictamen del fiscal Miguel Mauvecín que lo considera “improcedente”, el Jury contra el fiscal Laureano Palacios por el accidentado inicio de la investigación del crimen del ministro Juan Carlos Rojas puede considerarse prácticamente caído. Sobre el tribunal que debe formalizar la decisión de cerrarlo se proyecta un precedente claro de los enormes riesgos institucionales y económicos que se desprenden de avanzar con el proceso sin la acusación del fiscal y es improbable que lo asuman.
En 2001, un tribunal de Jury destituyó por el agraviante cargo de “desconocimiento del derecho” al entonces juez de Instrucción Ramón Porfirio Acuña, en base a una denuncia que la había hecho Rubén Edgardo “Cococho” Álvarez, que ya había sido encumbrado a la Cámara de Apelaciones.
Un primer indicio de la endeblez argumental de la denuncia fue que no se plegaron a ella Juan Carlos Reynaga y Raúl Da Prá, sus dos compañeros en la Cámara. Para Álvarez, sin embargo, era causal suficiente para la remoción que a Acuña le hubieran anulado varias causas. En una de ellas, consignó con puntillosidad, había omitido ordenar pericias bioquímicas en la sangre de una vicuña.
Estas razones del instigador del proceso no sólo no convencieron a sus colegas Reynaga y Da Prá. Tampoco el fiscal Jorge Silva Molina las consideró suficientes para plantear una acusación. No obstante, el tribunal procedió a la destitución con los votos de quien era en esa época presidente de la Corte de Justicia, César Oviedo –ya fallecido-, el abogado Ricardo Ruiz, el diputado radical René Dante Noriega y el senador Víctor Luna, también radical.
Estos cuatro brazos impusieron su criterio sobre los del abogado Rafael Lobo Herrera y el diputado justicialista Fidel Sáenz, quienes se inclinaron por absolver a Acuña en vistas de que el fiscal no encontraba argumentos para disposición tan terminante.
Con la falta de acusación fiscal en el Jury al fiscal Laureano Palacios, el procedimiento puede considerarse caído.
Destituido, Acuña inició los trámites para revertir la insultante resolución y la Corte Suprema de Justicia le dio la razón en 2009. El máximo tribunal sentenció que el fallo del Jury era nulo porque no había existido acusación del fiscal.
Es exactamente la misma situación de ahora, con el aditamento de que en este caso no fue uno, sino dos los fiscales que no encontraron en los procedimientos de Palacios fallas suficientemente graves para acusarlo.
Si bien se inhibió de actuar en el Jury, el fiscal General Alejandro Dalla Lasta se ocupó de asentar en sus argumentos para apartarse que no había advertido anomalía alguna en el proceder de su colega, al que acompañó, asistió y supervisó desde el minuto uno del caso. Mauvecín también se inhibió, pero el tribunal no aceptó sus motivos y debió dictaminar. Consideró que la actuación de Palacios fue correcta y consignó los fundamentos de la inhibición de Dalla Lasta.
La decisión está en manos del tribunal del Jury, pero vale la pena recordar el desenlace del caso Porfirio Acuña. Tras la sentencia de la Suprema Corte, el Poder Judicial catamarqueño tuvo que reincorporarlo y asumió ese mismo 2009 como juez de Garantías. En 2014, la Justicia Civil ordenó al Estado catamarqueño pagarle una cifra millonaria en concepto de indemnización.
Como sea que termine la cuestión Palacios, es interesante constatar desde dónde se arrastra la decadencia del Poder Judicial catamarqueño.
“Cococho” Álvarez, el denunciante de Acuña, había accedido a la Cámara luego de condenar, junto a Santiago Olmedo de Arzuaga y Jorge Álvarez Morales, a Guillermo Luque y Luis Tula por el asesinato de María Soledad Morales, en sentencia que dejó más dudas que certezas, pero funcional a los intereses políticos del FCS. Previamente, como fiscal, se había destacado por su obsesión en instruir causas contra Ramón Saadi, a quien estuvo a punto de meter preso.
Continúa, más de veinte años después, como camarista, de lo más pancho a pesar de lo que le costaron al prestigio del Poder Judicial y al erario sus caprichos y los de sus encomenderos políticos.
