martes 17 de mayo de 2022

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Editorial

Desterrar la impunidad como opción

Los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA no solo comparten como característica común el horror de la muerte, sino también la impunidad.

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18 de marzo de 2022 - 01:05

Se cumplieron ayer tres décadas del primero de los dos atentados perpetrados por el terrorismo internacional en territorio argentino. El otro fue dos años y tres meses después. El que se conmemoró ayer fue el que hizo volar la Embajada de Israel en la Argentina, con un saldo de 23 muertos y 242 heridos. El de 1994 fue el que destruyó la AMIA, con 85 muertos y más de 300 heridos.

Ambos ataques no solo comparten como características comunes el horror de la muerte y la destrucción, sino también la impunidad. Han pasado tres décadas y no hay condenados, ni justicia, ni consuelo.

Durante los gobiernos democráticos la Argentina mantuvo por lo general, en materia de relaciones exteriores, un bajo perfil con una marcada tendencia a la neutralidad respecto de los grandes conflictos internacionales. Durante el gobierno de Carlos Menem, sin embargo, levantó notoriamente ese perfil y abandonó la neutralidad, alineándose con las potencias occidentales en los conflictos que asolaban a Medio Oriente. Incluso hasta hubo aportes argentinos en la guerra del Golfo (1991-1992) con el envío de naves para integrarse a la fuerza compuesta por 34 países y encabezada por Estados Unidos.

Este cambio abrupto en la política exterior argentina provocó, según los analistas internacionales, que el terrorismo decidiera operar en el país.

La pesquisa judicial estuvo plagada de irregularidades, marchas, contramarchas y el seguimiento de pistas falsas. Tres décadas después del terrible atentado, la hipótesis más fuerte es que los autores intelectuales fue la organización Hezbollah, con base en el Líbano, y apoyada por la República Islámica de Irán.

Las deficiencias en la investigación judicial son doblemente graves: en primer lugar por la envergadura del atentado, que ameritaba una pesquisa responsable, ágil y eficaz, pero además porque, por tratarse del ataque a una embajada, el órgano encargado de llevarla adelante es la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el máximo tribunal de Justicia de la Nación fue incapaz de avanzar con paso firme, y terminó entrampado en hipótesis falsas y laberintos judiciales sin salida, evidenciando, en el mejor de los casos, incapacidad para resolver el hecho, y en el peor, una deliberada intencionalidad de transitar por las escabrosas sendas que tarde o temprano conducen a la impunidad.

Las deficiencias en ambas investigaciones judiciales –la del atentado a la Embajada de Israel y la de la voladura de la AMIA- y las interferencias políticas provocaron que el camino hacia la verdad quedara plagada de obstáculos, insalvables hasta el momento y tal vez definitivamente. Esclarecer ambos hechos es una de las grandes deudas de la democracia argentina. Saldarlas, a esta altura, resulta improbable. Al menos estas tragedias deberían servir para aprender las lecciones de la historia y asumir un compromiso de desterrar la impunidad como opción en la Justicia argentina.n

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