(*) Por Rodrigo Morabito
viernes 7 de agosto de 2026
(*) Por Rodrigo Morabito
El día de ayer, la Sra. Ministra de la Corte de Justicia de Catamarca y actual Presidenta de la Sala Penal del Máximo Tribunal provincial, me refiero a la Dra. María Fernanda Rosales Andreotti, cuestionó ante un streaming de este medio “el uso "liviano" de los pedidos de intervención federal a los poderes provinciales (especialmente le judicial) y consideró que ese tipo de planteos solo pueden realizarse cuando existen causales de extrema gravedad institucional debidamente acreditadas.”
Ahora bien, hace 20 años que trabajo en este Poder del Estado en la justicia penal y coincidiendo con la Sra. Ministra deseo expresar que hay discursos que, bajo la apariencia de preocupación institucional; en realidad erosionan los cimientos mismos del Estado de Derecho. Cuando se sugiere que la Justicia necesita ser “empujada”, “garantizada” o indirectamente conducida por el poder político; no se está defendiendo a la ciudadanía; se la está colocando en una situación de extrema vulnerabilidad frente al avance de otros poderes.
La independencia judicial no es negociable ni admite tutelas encubiertas. Pretender instalar la idea de que las investigaciones requieren la intervención o supervisión de actores externos al Poder Judicial constituye una forma sofisticada (pero evidente) de presión institucional. Y toda presión sobre la Justicia; provenga de donde provenga; es incompatible con una democracia constitucional.
Resulta particularmente grave transformar la existencia de debates, hipótesis o tensiones propias de cualquier investigación en un argumento para deslegitimar al sistema judicial. El proceso penal no es un relato lineal ni una construcción sin conflictos; es; precisamente; un ámbito de contradicción. Exigir certezas inmediatas o resultados alineados con expectativas políticas no es reclamar justicia; es reclamar subordinación.
Más aún; invocar al Poder Ejecutivo nacional para intervenir (aunque sea simbólicamente) en cuestiones judiciales provinciales implica desconocer de manera alarmante el diseño federal argentino. No es un detalle técnico; es una regla básica de organización del poder. Cuando esa frontera se desdibuja; lo que queda expuesto no es una supuesta debilidad judicial; sino una peligrosa vocación de injerencia política.
Tampoco puede naturalizarse la utilización de expresiones como “clima de miedo” sin sustento concreto. Ese tipo de afirmaciones; cuando se generalizan; no solo carecen de rigor; sino que contribuyen a deteriorar la confianza pública que dicen querer reconstruir. Instalar miedo sin evidencia es; en sí mismo; un acto de irresponsabilidad institucional.
La democracia no se fortalece debilitando a sus jueces y juezas ni sugiriendo que deben actuar bajo la mirada o la expectativa del poder político. Por el contrario; se consolida cuando cada poder cumple su rol sin interferencias. Cuando se cruza esa línea; ya no se está frente a un reclamo legítimo; sino frente a un intento de condicionar.
Conviene decirlo sin eufemismos; cada vez que se promueve la idea de que la Justicia necesita conducción política; se está avalando un modelo incompatible con la Constitución. No hay atajos virtuosos en este punto; o se respeta la independencia judicial; o se la vulnera.
Defender la República exige rechazar con firmeza estos discursos; incluso cuando se presentan bajo formas moderadas o con argumentos aparentemente razonables. Porque el problema no es el tono; es el contenido. Y el contenido; en estos casos; avanza peligrosamente sobre uno de los últimos resguardos de libertad que tiene la ciudadanía; una Justicia independiente.
