Pía Cabral
M.I.A tiene 14 años. Alimentación deficitaria. Su madre tiene problemas de salud. Su hermano debió dejar de trabajar para cuidar a su madre. El 10 de septiembre junto a otros jóvenes intentó robarle el celular a un hombre. Quedó demorado.
En plena vigencia de la nueva Ley Penal Juvenil, una jueza determinó que la acción de M.I.A no meritaba llevarlo a la condena que implica insertarlo en el proceso penal argentino, ya que carece de antecedentes y en su caso es el Estado el que no estuvo presente para acompañar su situación de vulnerabilidad.
El fallo fue un manifiesto ético: “Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables. Castigarlos por las faltas de respuestas del mundo adulto, significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros”.
La actual Ley Penal Juvenil 27.801 determina que un adolescente de 14 años debe responder por tal acto, pero la magistrada concluyó en su sobreseimiento y ordenó la intervención del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para diseñar un plan de acompañamiento. “No quiero romantizar el delito”, dijo la jueza Laura De Marinis intentando explicar en una entrevista un fallo que desató la furia propagandística de políticos y medios.
En su descargo mediático expresó: “No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, solo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero”.
Hoguera
No odiamos lo suficiente a las juezas.
El Fiscal General Eduardo Riggi dijo que iba a apelar el fallo.
“Esta sentencia está manchada de sangre”, declaró Jorge Macri.
“Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas”, lanzó Patricia Bullrich.
“Ninguneó el debate legislativo”, opinó Gabino Tapia, ministro de Justicia de CABA.
Pidieron públicamente su juicio político.
La Argentina de derecha es un lugar en el que jueces que ejercen su función en vistas de su atribución constitucional son objetados y expuestos si enojan al poder. Una dependencia poco saludable para la democracia.
“Que digan que van a pedir el juicio político pone en una situación de tensión institucional. Cualquier amenaza o cualquier juicio político es de una extrema gravedad institucional”, señaló la jueza en declaraciones mediáticas. “Está en juego la independencia judicial”, objetó.
¿Por qué la jueza enojó a la derecha?
La jueza explicó que el hecho consistió en una tentativa de robo sin lesión física al damnificado, cometida por un joven expuesto a una severa vulnerabilidad socioeconómica y familiar. Y estimó que someterlo al proceso penal importa una respuesta estatal regresiva.
“La intervención del Estado ante una conducta transgresora debe ser de asistencia social y restitución de derechos, no punitiva”, detalla la resolución judicial.
Lo que hizo De Marinis es imperdonable: expuso la crueldad de la ley que es modelo de seguridad del Gobierno, usando las propias herramientas de la ley. Sobreseyó al menor y objetó constitucionalmente el artículo 1° de la Ley, por considerar que en este caso en particular “someter a un proceso penal es desproporcionado y regresivo en cuanto a las recomendaciones internacionales de protección de la niñez”.
Por esta interpretación con perspectiva de humanidad, fue llevada a la hoguera mediática.
¿Qué harían Bullrich, Macri y acólitos con el menor M.I.A?
Encierro
El juez Penal Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito, se refirió al tema y explicó que los juzgados del fuero cuentan con facultades y responsabilidades constitucionales para evaluar cada situación particular. “Mi mirada es una mirada especializada. Hace veinte años que trabajo en la justicia penal y quince en la justicia penal adolescente. Los jueces especializados tenemos control de constitucionalidad y convencionalidad, y no porque los jueces lo digan o lo quieran por capricho, sino porque lo indica la Constitución Nacional”.
Subrayó que se declaró la inconstitucionalidad de un artículo específico, porque la ley es regresiva y por la particularidad del caso concreto.
Morabito citó que la ley nacional, en su artículo 5, inciso 10, establece específicamente que “toda medida que aplique un juez o una jueza que restrinja derechos de los adolescentes tiene que cumplir con cuatro requisitos fundamentales: tiene que ser indispensable, proporcional, idónea y lo menos lesiva posible”.
“La República Argentina tiene un sistema judicial muy heterogéneo y federal. En este caso concreto, la conducta no debía ser punible porque este chico tiene muchos problemas previos que significan una clara vulneración de sus derechos: una madre con problemas de salud graves, un hermano que dejó de trabajar para poder cuidarla, una familia disfuncional que depende de bolsones de alimentos, y un chico fuera del sistema escolar, pero con intenciones de realizar una actividad deportiva”, detalló.
Destacó la falta de estructura y financiamiento para los espacios y los requerimientos que marca la Ley Penal Juvenil: “Esta es una Ley que no otorgó presupuestos a las provincias, sino a organismos nacionales. Las provincias no tienen el dinero para invertir en esta estructura”.
Remarcó que la norma prevé la figura de un supervisor, pero las provincias no la tienen, porque no hay estructura.
“Los lugares de alojamiento para mayores o menores en conflicto con la ley penal son más dessocializadores que resocializadores. Hoy la readaptación social es la crónica de un fracaso anunciado. No resocializan a nadie”, sinceró Morabito. “Hoy me atrevería a decir que una o dos instituciones reúnen una lógica que medianamente responden a los estándares de niños, niñas y adolescentes”.
Morabito destacó que “uno de ellos es Nexo, de Santiago del Estero, una institución muy bien trabajada, que incluso vincula a chicos que han cometido delitos con otros que nunca han cometido un delito, pero tienen medidas de protección”.
El magistrado remarcó que “ese fallo está sujeto a revisión, no puede haber un ataque semejante a una magistrada por el solo hecho de estar ejerciendo sus funciones”.
Humanidad
Frente a este panorama, manifestó el hecho de que en el fallo “se dedicaron varios párrafos a las víctimas, y la jueza concluyó que, en este caso en concreto, debía haber otro tipo de intervención estatal que no fuera la penal. Es una intervención desde el punto de vista de la protección integral. El Estado no está llegando si prioriza el castigo por encima de los derechos”.
Para De Marinis es importante explicar que a partir de los 14 años los menores pueden tener una causa penal “porque se les cruzó la pelota, y es violación de domicilio”. O porque “uno le sacó la calculadora a otro”, y remarcó “la cantidad” de conflictos escolares que llegan a la Justicia Penal.
En 2003, Juan Carlos Desanzo dirigió la película “El Polaquito”, basada en la trágica vida de Víctor Escalante, muerto en 1994 cuando tenía entre 14 y 17 años. El personaje lo interpretó Abel Ayala, un chico que vivía en un hogar de menores y que después interpretó a “El guachín”, en “El marginal”, y a Diego Maradona adolescente en “La mano de dios”, entre otros trabajos.
En el caso de M.I.A o “El Polaquito” de la película, la realidad muestra que antes que sujetos de derecho, preferimos exponerlos como sujetos de responsabilidad penal, cada vez más rápido.
Los M.I.A o Polaquitos carecen de recursos para maniobras dilatorias para hacer prescribir causas, cómo pasó con la Tragedia de la Alcaidía. O para elegir los jueces que los juzgarán, como Milei en el caso Libra o los jerarcas de la AFA.
¿Quién es la jueza De Marinis?
La pregunta lidera las búsquedas en las plataformas. Un operativo de escándalo selectivo, como si no hubiera escándalos reales en la Argentina, que expone el fracaso de un sistema que se siente heroico si ejecuta a un chico de 14 años.
Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad más de seis años y por dos periodos, durante el gobierno de Macri y luego de Milei. Su prédica de mano dura no mermó los balances sobre evolución delictiva.
Que llegue el castigo antes que la contención, eso parecen querer los hipócritas de la moral inquisitoria.
