miércoles 18 de noviembre de 2026
Cara y Cruz

El lobby de las apuestas

En los últimos años las apuestas online crecieron de manera vertiginosa y su publicidad invadió las camisetas, las transmisiones deportivas y las redes sociales, siendo los niños y adolescentes quienes están más expuestos a sus efectos. Sin embargo, casi dos años después de que la Cámara Diputados de la Nación aprobara una ley de prevención de la ludopatía, el Senado todavía no la ha tratado.

La regulación de las apuestas online no es una cuestión ideológica. Es una política de salud pública y de protección de la infancia. La regulación de las apuestas online no es una cuestión ideológica. Es una política de salud pública y de protección de la infancia.

El 27 de noviembre de 2024, la Cámara baja dio media sanción, por 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones, al proyecto impulsado por la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica. El texto unificó 28 iniciativas y es la propuesta más amplia en materia de prevención. Prohíbe la publicidad, la promoción y el patrocinio de apuestas online, incluidas las que realizan influencers, streamers, deportistas y clubes. Impide el acceso de menores de 18 años, exige sistemas rigurosos de identificación de usuarios, elimina los bonos de bienvenida y establece medidas de asistencia y concientización. Llegó al Senado y allí la iniciativa quedó paralizada.

En mayo de 2026, el Poder Ejecutivo presentó su propio proyecto en el Senado, denominado Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de Juegos de Azar en Línea. Propone bloquear los sitios que operan sin autorización, impedir que bancos, billeteras virtuales y proveedores de criptomonedas faciliten operaciones clandestinas, establecer mecanismos tecnológicos de verificación de edad y aplicar penas de tres a seis años de prisión a quienes exploten plataformas ilegales.

Pero el proyecto oficial no prohíbe la publicidad de las plataformas legales, aunque sí fija restricciones para proteger a los menores. Esta es la diferencia central entre ambos textos. La iniciativa de Diputados parte de que una actividad legal también puede generar adicción y que, por eso, su expansión comercial debe limitarse. La del Gobierno concentra la mirada en lo ilegal y deja casi intacta la promoción de lo autorizado.

Las razones de la demora en tratar el proyecto que duerme el sueño de los justos desde hace dos años incluyen una disputa jurisdiccional. La regulación del juego es tradicionalmente una competencia provincial y la Asociación de Loterías Estatales cuestionó aspectos del proyecto de Diputados por considerar que avanza sobre facultades de las provincias. Las jurisdicciones, además, perciben recursos de la actividad.

Hay también un negocio poderoso, con presencia en clubes, medios y plataformas, que ha encontrado en la publicidad una fuente de ingresos para instituciones deportivas y de comunicación. La diputada Frade denunció presiones y lobby del sector durante el debate. Es una afirmación que ayuda a comprender por qué un proyecto con amplio respaldo en una cámara puede quedar congelado en la otra.

En las últimas semanas hubo señales de movimiento. El 29 de octubre, el Senado aprobó por unanimidad una moción de preferencia de la senadora catamarqueña Lucía Corpacci para que el proyecto sea tratado en un plenario de comisiones y el 6 de noviembre la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, manifestó que el oficialismo trataría la ley en las semanas siguientes. Pero hasta ahora las tres comisiones no han convocado al plenario. El período ordinario de sesiones termina el 30 de noviembre. Si no se logra dictamen, solo quedarán las sesiones extraordinarias o el riesgo de que el proyecto pierda vigencia parlamentaria.

La regulación de las apuestas online no es una cuestión ideológica. Es una política de salud pública y de protección de la infancia, y postergarla para no afectar intereses económicos es una decisión que tiene costos importantes, sobre todo entre grupos etarios vulnerables.

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