martes 17 de noviembre de 2026
Cara y Cruz

El énfasis en la conveniencia política

Hace apenas una semana, León XIV recorrió la Argentina con un mensaje que fijó como prioridades la atención a los más vulnerables, la dignidad de las personas con discapacidad, el reconocimiento debido a los adultos mayores, la necesidad de que la política se ponga al servicio del bien común. Siete días después, la agenda de la dirigencia política y, en particular la del Gobierno nacional, que es quien suele marcar el ritmo del debate, parece orientado hacia otro lado.

No se observan, hasta el momento, medidas destinadas a mejorar la situación de los sectores más postergados. Ni para las personas con discapacidad, que siguen reclamando la plena vigencia de las normas de protección que el propio Congreso sancionó; ni para los jubilados, cuyos haberes han perdido poder adquisitivo y cuya cobertura de salud y medicamentos continúa siendo motivo de preocupación; ni para quienes se ubican en los escalones más bajos de la pirámide de ingresos. En cambio, sí hay un esfuerzo visible y sostenido por impulsar una reforma política cuyo eje principal es la eliminación de las PASO.

El énfasis que el Gobierno nacional pone en avanzar sobre la reforma política revela cuáles son sus prioridades en la actual coyuntura. El énfasis que el Gobierno nacional pone en avanzar sobre la reforma política revela cuáles son sus prioridades en la actual coyuntura.

En el oficialismo nacional evalúan que la modificación les conviene políticamente. Y si los números en el Congreso no alcanzan para derogar las PASO, la alternativa es lograr al menos su suspensión, tal como ocurrió en 2025, con motivo de las elecciones legislativas de medio término. La reiteración de ese recurso confirma que el sistema electoral es tratado como una herramienta cuya conveniencia se mide elección por elección.

Para reunir los apoyos necesarios, el Gobierno estudia además incorporar cambios al proyecto original. Entre ellos figura la posibilidad de habilitar las listas colectoras. Es decir, que, de manera excepcional durante 2027, una misma fórmula presidencial pueda ser acompañada por dos listas legislativas diferentes en un mismo distrito. La idea es facilitar acuerdos con gobernadores que estarían dispuestos a respaldar una eventual reelección de Javier Milei, pero que no desean integrar sus estructuras políticas en una única lista de La Libertad Avanza.

Se trata, sin dudas, de una concesión política de peso. Permite sumar apoyos presidenciales sin obligar a los aliados provinciales a renunciar a sus propias candidaturas legislativas y preserva así el capital territorial de cada mandatario. Para el Gobierno, el costo es relativamente bajo frente al beneficio de ampliar su base de sustentación.

Otro aspecto que genera controversia es el que el proyecto establece sobre el financiamiento de las campañas. La iniciativa elimina el tope a los aportes privados y suprime el financiamiento estatal directo. El resultado previsible es una ventaja para las fuerzas políticas cuyo proyecto está alineado con las grandes empresas, que cuentan con los fondos necesarios para costear campañas competitivas y un desamparo para las agrupaciones más pequeñas, que pierden el respaldo del Estado y quedan a merced de su capacidad de recaudación.

El énfasis que el Gobierno pone en avanzar sobre este tema mientras no anuncia ninguna medida que alivie la situación de los sectores que peor la están pasando, revela cuáles son sus prioridades. Sería injusto, sin embargo, concentrar toda la responsabilidad en el oficialismo. La oposición, hasta el momento, se ha mostrado ineficaz para instalar agenda y para presentar planes alternativos que pongan el foco en los sectores más vulnerables. Su discurso suele reaccionar a las iniciativas del Gobierno antes que proponer una hoja de ruta propia y esa falta de iniciativa deja un vacío que el oficialismo ocupa con facilidad.

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