Pasaron casi diez años desde que ocho jóvenes aspirantes a policías terminaron hospitalizados a raíz del “baile” al que fueron sometidos durante su preparación física para ingresar a la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia. Una década después, todavía esperan respuestas por un episodio de violencia institucional que conmocionó a Catamarca. Esta semana se conoció que la Justicia dio por concluida la investigación y solicitó la elevación de la causa a juicio oral.
No se trató de forjar el carácter ni de templar el espíritu de los futuros agentes. Fue, lisa y llanamente, un abuso de autoridad. No se trató de forjar el carácter ni de templar el espíritu de los futuros agentes. Fue, lisa y llanamente, un abuso de autoridad.
De los seis policías que finalmente fueron imputados en el expediente —tras un extenso recorrido que llegó a incluir trece citaciones a indagatoria en 2021—, cuatro fueron desvinculados, uno falleció y solo el exsubcomisario Jorge Rolando Romano deberá sentarse en el banquillo de los acusados.
El episodio que terminó con ocho aspirantes internados, algunos de ellos en terapia intensiva, ocurrió el 30 de diciembre de 2016, en el campamento N° 1 de Las Pirquitas. Lo que debía ser un “período de adaptación” se convirtió, según la investigación penal, en un sometimiento a ejercicios físicos extremos y continuos, bajo altas temperaturas y sin la hidratación necesaria. “Los ocho damnificados padecieron lesiones musculares e insuficiencia renal aguda de distinta gravedad, y varios requirieron hemodiálisis”, se informó oficialmente.
No se trató de forjar el carácter ni de templar el espíritu de los futuros agentes. Fue, lisa y llanamente, un abuso de autoridad que provocó graves consecuencias para la salud de los aspirantes y que, en algunos casos, truncó proyectos de vida. La pericia médica especializada, realizada por un comité del Poder Judicial de Córdoba, fue contundente al establecer que los cuadros de rabdomiólisis y las fallas renales estuvieron directamente vinculados con el esfuerzo físico al que fueron sometidos y con una inadecuada logística de asistencia.
Aquel episodio también puso en evidencia la necesidad de revisar los métodos de formación policial. Meses después, en septiembre de 2017, Catamarca fue sede de la presentación de los primeros manuales didácticos de «Formación de Formadores», elaborados por el Ministerio de Seguridad de la Nación para incorporar nuevos criterios pedagógicos a la preparación de los integrantes de las fuerzas de seguridad.
La comparación con lo ocurrido en la vecina provincia de La Rioja permite dimensionar la diferencia en los tiempos de respuesta judicial. La muerte del cadete Emanuel Garay, en febrero de 2018, tras una instrucción similar desarrollada bajo altas temperaturas y en condiciones de deshidratación, tuvo una respuesta judicial mucho más rápida. En diciembre de 2020, menos de tres años después, el instructor Elio Gonzalo Marcial fue condenado a 30 años de prisión, pena que el Tribunal Superior de Justicia redujo a 20 años en 2023. Además, dos instructoras recibieron condenas de siete años de prisión efectiva.
En Catamarca, en cambio, hicieron falta casi diez años para llegar a las puertas del juicio oral y con un solo acusado. Es cierto que ambos casos presentan diferencias en cuanto a sus consecuencias y circunstancias, pero eso no quita que una década para cerrar la etapa de investigación constituya una demora difícil de justificar. Para quienes padecieron las consecuencias de aquella instrucción, el tiempo transcurrido representa una espera que prolonga la incertidumbre y posterga una respuesta de la Justicia.