En el contexto de su inverosímil giro malvinero, el presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación para su tratamiento el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que presenta algunas iniciativas muy controversiales. Entre ellas se destaca la que propone hasta doce años de prisión a quienes, actuando por orden de un Estado u organización extranjera, busquen alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante “campañas coordinadas de desinformación masiva”.
El modo en que está redactado el proyecto es muy confuso. Constitucionalistas, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) advierten que conceptos como “manipular la opinión pública” o “desinformación masiva” son ambiguos y que el proyecto podría afectar peligrosamente la libertad de expresión.
La introducción de esta propuesta se hace a través de la incorporación de un artículo en el Código Penal, el 225 bis. La pena se amplía a un rango de entre 8 a 15 años “si la conducta se cometiere mediante amenazas, sobornos, coerción o uso de estructuras criminales”, según la iniciativa.
La OEA cuestiona en general la inclusión de normativas que buscan penalizar la difusión de desinformaciones. Según un pronunciamiento difundido en los últimos días, la OEA sostiene que introducir tipos penales ambiguos podría “criminalizar expresiones sobre funcionarios o personas involucradas en asuntos de interés público y establecer una herramienta con un fuerte efecto inhibitorio de la difusión de ideas, críticas e información por miedo a sufrir un proceso penal”.
Uno de los constitucionalistas más prestigiosos de Argentina, Andrés Gil Domínguez, publicó en sus redes sociales que “expresiones tales como ‘manipular la opinión pública’, ‘campañas coordinadas’ o ‘desinformación masiva’ carecen de una delimitación normativa suficientemente precisa para permitir que una persona pueda conocer anticipadamente qué comportamiento concreto se encuentra prohibido y cuál permanece dentro del ámbito de lo jurídicamente permitido”. De ese modo se suma a la opinión de otros constitucionalistas, como Félix Lonigro, que dijo que la iniciativa es una restricción a la libertad de expresión.
FOPEA, por su parte, advirtió que la ley presenta un riesgo cierto para el ejercicio del periodismo y que el artículo no delimita con claridad qué conducta se castiga, lo que deja un margen amplio para una aplicación discrecional.
La defensa de la soberanía es un objetivo legítimo, y la protección de los procesos electorales frente a injerencias externas, una preocupación atendible. Sin embargo, ninguna de ellas justifica un instrumento penal que pueda alcanzar, por su vaguedad, a quienes investigan, informan o critican. Las observaciones de los especialistas son contundentes. El oficialismo debería retirar esta propuesta puntual, que por su ambigüedad puede generar más problemas que soluciones.
