domingo 27 de noviembre de 2022

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Cara y Cruz

Coartada judicial

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El caso de Elpidio Guaraz, intendente de Bañado de Ovanta -o Santa Rosa-, ilustra cabalmente sobre los problemas que recaen en las fuerzas políticas a raíz de las políticas de género. Guaraz es reo de una causa de abuso sexual, procesado después de un año de radicada la denuncia. Esta condición, que se suma a un frondoso prontuario, colocó al oficialismo del Frente de Todos, cuyas mujeres militan el feminismo, ante un dilema: el repudio liso y llano, o la omisión.

La mora judicial en la causa por ultraje, muy notoria, le proporcionó a los legisladores del Gobierno una salida medianamente honorable, al permitirles descargar en la Justicia su indefinición política.

Ayer se sancionó en la Cámara de Diputados un pronunciamiento que consiste en:

- Reprocharle al Poder Judicial la demora en resolver la situación de Guaraz.

- Exigirle al Concejo Deliberante de Santa Rosa que resuelva sobre la continuidad del encartado Guaraz al frente del municipio.

Vale decir: el Poder Legislativo acaba de lavarse las manos. Lo cual está entre sus prerrogativas, por supuesto, pero merma un tanto su autoridad para referirse a cuestiones de género en adelante.

¿Qué hubiera pasado si el intendente –o el dirigente- imputado hubiera sido de signo político distinto? ¿Hubieran sido similares las contemplaciones parlamentarias?

Éstos son los interrogantes que quedan flotando, sobre todo porque la insistencia sobre el caso Guaraz no es tan intensa como en otros. Militan los movimientos de género, no ha de negarse, pero las ausencias son demasiado ostensibles.

Mucho más desde que la oposición visibilizó el asunto en la Legislatura. Las recriminaciones a la Justicia son sin dudas razonables, pero contrastan con la inacción de los múltiples organismos que el Gobierno puso en marcha para, supuestamente, defender a las mujeres de la violencia.

¿Qué mecanismos de protección amparan a la todavía supuesta víctima de Guaraz? Ésta es la pregunta central.

El intendente de Bañado de Ovanta es un muy caracterizado referente del oficialismo, que ha tenido enfrentamientos importantes con referentes del propio peronismo. La consistencia del esquema que armó en su distrito es tan innegable como sus desatinos.

En este marco, la timidez del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados es muy llamativa por una mera cuestión de énfasis.

El repudio a Elpidio Guaraz en la Cámara de Diputados fue unánime. ¿Qué impide avanzar en una iniciativa para intervenir su municipio?

Para no ser injustos, se recordará a Enrique del Carmen Aybar, condenado por abuso mientras transitaba su tercer mandato como intendente de Puerta de Corral Quemado, Belén.

Recién cuando el proceso por ultraje comenzaba a acercarse a la condena los radicales que lo habían llevado como candidato empezaron a difundir, desde el anonimato, mensajes de repudio que incluían el dato de que era afiliado al justicialismo.

Ley pareja, dicen, no es rigurosa. En el caso de Guaraz, las varas oficialistas son muy evidentemente distintas a las que aplican para medir las conductas adversarias. No se trata ya de una cuestión jurídica, sino estrictamente política.

La mora judicial emerge como una coartada. Permite delegar cargas, con una simple declaración que no alcanza a ocultar lo principal: si hay consenso en que Guaraz no debe continuar al frente de la Intendencia de Bañando de Ovanta, la Cámara baja puede avanzar en la intervención. Lo que pase en el Senado es otra historia: a estar por la opinión expresada el miércoles, en Diputados hay número para promover la intervención de Santa Rosa. Unanimidad, incluso.

¿Por qué no se hace? Quizás algunos diputados creen, con todo derecho, que Guaraz es inocente.

En tal caso, hubiera sido mejor que no suscribieran el repudio. Lo de la Cámara de Diputados, como se ve, no es más que una coartada.

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