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SUSCRIBITELa Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales saltó de inmediato a desacreditar la acusación tendiente a someter a juicio político al Fiscal General Alejandro Dalla Lasta por su actuación en el inicio de la investigación del asesinato del ministro Juan Carlos Rojas.
El planteo, considera la organización gremial, “debilita la independencia e imparcialidad del Poder Judicial por un lado, como así también la independencia y actuación objetiva del Ministerio Público Fiscal en la búsqueda de la verdad de los hechos”.
De esta “verdad de los hechos” no asoman siquiera indicios a casi seis meses de iniciado el expediente del Caso Rojas. Tal deficiencia puede atribuirse al accidentado trámite que le imprimió en su origen el fiscal Laureano Palacios, que dará cuenta de su desempeño ante el tribunal del Jury desde el próximo martes, pero es preciso señalar que el Ministerio Público Fiscal no se ha pronunciado al respecto.
Esto es: se han activado los resortes políticos para eventualmente destituir a Palacios, pero no se registraron avances en el terreno judicial que permitan establecer en qué medida su proceder afectó a la investigación con, por caso, la desaparición de pruebas que podrían haber sido determinantes para el esclarecimiento del crimen.
A la esterilidad de la Causa Rojas, que lleva adelante el fiscal Hugo Costilla, apeló la defensa de Palacios para tratar de suspender el Jury. Alegó que, como aún no ha completado el trámite de recolección de pruebas, no es posible evaluar la calidad del trabajo de Palacios.
Irónicamente, la acusación de los legisladores nacionales y provinciales de Juntos por el Cambio contra Dalla Lasta estriba en lo mismo. Como el fiscal Costilla aún no ha dicho nada sobre la incidencia de los déficits de su colega en la pesquisa, queda el respaldo de Dalla Lasta al trabajo de Palacios, no solo con declaraciones en las horas posteriores a la revelación de que Rojas no había muerto por causas naturales sino asesinado, sino también cuando se excusó de intervenir en el Jury.
Dalla Lasta argumentó que “de haber observado una grosera irregularidad que pueda atentar gravemente con el normal desarrollo de la investigación, lo hubiera denunciado al Procurador General, circunstancia ésta que no ha sucedido”.
La Asociación de Magistrados no tiene al parecer nada que decir sobre este consentimiento, acaso lícito, a la labor de Palacios. Recién aparece en escena cuando la oposición se cierne sobre Dalla Lasta, que a diferencia de Palacios, intruso proveniente de la política, es un caracterizado miembro de la familia judicial.
Esta pertenencia no es ningún pecado, pero conviene marcar la diferencia porque la rápida, casi refleja, reacción de la Asociación de Magistrados, permite deducir la función que la corporación judicial atribuye al Jury contra Palacios, que es política: concentrar en él todas las responsabilidades para evitar que se revisen las fallas del sistema. O lo que es lo mismo: entregar a Palacios, un forastero, para expiar al sistema judicial. Hasta Palacios, pero no más: el blindaje judicial.
“Denuncias desmedidas contravienen o quiebran el equilibrio de poderes, aparejando como consecuencia la vulneración de derechos y garantías convencionales y constitucionales. En ese orden de ideas, resulta inadmisible que se pretenda debilitar los vínculos democráticos del Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal con la sociedad”, dice la Asociación de Magistrados.
Si el debilitamiento de estos “vínculos democráticos con la sociedad” obedece a la deficiente prestación del servicio de Justicia es un factor que la Asociación de Magistrados no aborda, ni abordó jamás.
Mientras, el asesinato de Rojas sigue impune. No se sabe si por culpa de la incompetencia de Palacios para orientar la pesquisa o detectar posibles maniobras de encubrimiento, de la inoperancia del sistema o de asesinos tan solventes que perpetraron el crimen perfecto. n
