CARA Y CRUZ

En libertad condicional

jueves, 2 de julio de 2020 · 01:03

El incidente Da Prá-Morales es el último episodio de una inquietante saga institucional que tiene como eje al Poder Judicial pero impregna en definitiva a toda la provincia.

La detención del ex subjefe de Policía y ex jefe de Drogas Peligrosas Carlos Kunz y su ladero, el subcomisario Nolberto Valdez, marcó un quiebre solo por la jerarquía de los involucrados, la gravedad de los cargos que se les endilgan y comodidad narrativa. Los indicios de una podredumbre larvada venían sucediéndose desde mucho antes, con la anulación de juicios por narcotráfico debido a errores procedimentales inverosímiles cometidos por efectivos de Drogas Peligrosas, área de la Policía provincial signada por las polémicas que, tras la salida de Kunz, a fines de 2018, registró una rotación de tres jefes en solo medio año.

Unos meses después de la detención de Kunz y Valdez, la causa por la infiltración narco tuvo una escandalosa ramificación. El fiscal del Tribunal Oral Federal Rafael Vehils Ruiz pidió la investigación de su par del Juzgado Federal, Santos Reynoso, a quien un testigo, preso por narcotráfico, había señalado por pedirle una coima para mejorarle la situación procesal. Antes, Reynoso había imputado al hijo de Vehils Ruiz por transgredir la cuarentena.

El video de los camaristas Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales recibiendo, según parece, dinero a cambio de anular una prisión preventiva, se inserta en esta escena como otro emergente de una degradación sostenida, con un aditamento enaltecedor: tanto la denuncia como el video, su soporte probatorio, fueron anónimos, de modo que los móviles de la arremetida permanecen en el misterio, independientemente de la muy incómoda situación en que quedaron los magistrados. ¿Quién sabrá ser el Hamlet catucho? Porque algo huele a podrido en Catamarca, específicamente en su Justicia.

Antes de la dupla Da Prá-Morales, en 2017, fue destituido como fiscal Roberto Mazzuco. Marcelo González renunció como fiscal de Santa María en 2018, cuando el jury en su contra estaba avanzado. Víctor García renunció en 2003 a su recién obtenido cargo de fiscal de Andalgalá antes de que le iniciaran el jury por pedirle una coima al extinto ex vicegobernador Octavio Gutiérrez, por entonces intendente de Aconquija.

Las esquirlas de la sospecha impactaron tras la caída de Kunz y Valdez con fuerza en los dos fueros judiciales, el provincial y el federal, específicamente en sus enclaves penales.

El hilo conductor sería un esquema de recaudación negro a través de la manipulación de prisiones preventivas e imputaciones, aunque sea preciso consignar una diferencia de escala considerable a favor de los federales. Los provinciales solo están en condiciones de esquilmar a reos de delitos baratos comparados con el narcotráfico o las evasiones impositivas que administran sus colegas de la Justicia Federal.

Todo esto dicho en potencial, puesto que el principio de inocencia también alcanza a los miembros del Poder Judicial. El asunto acá es que los potenciales se vienen acumulando desde hace años en desmedro del prestigio de una Justicia que, corporativamente, hace poco o nada por revisarse y una política –todo hay que decirlo- interesada antes en colonizarla que en depurarla.

Del Mirador Político “Drogas: causas pendientes”, del 22 de diciembre: “Las condiciones que tornan verosímil una denuncia por protección oficial a narcotraficantes vienen construyéndose desde hace años basadas en la falta de definiciones sobre las sistemáticas malas praxis de Drogas Peligrosas y los sugestivos incidentes que envolvieron los enroques en la cúpula del área”.
Extiéndase esta reflexión al fuero penal provincial y a todos los delitos.

Acá queda escaso margen para seguir haciéndose el sota. Los códigos y sus laberínticos resquicios para las artimañas pueden ser indescifrables para los legos, pero los síntomas de las arbitrariedades, de un tiempo bastante largo a esta parte, son ostensibles hasta para el más distraído.

Ni falta hacía un video para asentar la sensación de que los ciudadanos ayunos de palancas y flacos de billeteras están en libertad condicional.

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