EDITORIAL

Fundamentalismo “provida”

miércoles, 22 de mayo de 2019 · 04:57

Las posiciones fundamentalistas, aun cuando invoquen causas justas, suelen conducir a adoptar decisiones arbitrarias y, en algunas ocasiones, contrarias al espíritu de la normativa vigente. De modo que, aunque el ginecólogo rionegrino Leandro Rodríguez Lastra argumente que defiende la vida, lo cierto es que cometió un delito, el de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y por esa razón fue condenado.

El profesional le negó a una joven de 19 que había sido violada, con maniobras dilatorias injustificables, el derecho que tenía a interrumpir su embarazo, contemplado legalmente en el artículo 86 del Código Penal y ratificado por fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012. Uno de los presupuestos para que un aborto sea considerado no punible es, precisamente, si la mujer ha quedado embarazada producto de una violación.
El juez Álvaro Maynet, que condenó al profesional, consideró que el médico llevó adelante “una maniobra dilatoria”, que además exigió requisitos que los protocolos para acceder a la interrupción legal del embarazo no requieren y mintió, tanto a la paciente como a la  Justicia, para forzar la continuidad del embarazo. 

El fallo señala que el médico no estaba incluido en el registro de objetores de conciencia de la provincia, y que “en todo momento mantuvo una actitud negadora de la práctica que se le demandaba, a la cual estaba obligado por ley, negación que oculta con excusas de diversa índole y la cual, además, no informó, como era su obligación, respetando el derecho de la paciente”.

La joven violada, que quería abortar, está con tratamiento psicológico por el hecho del cual fue víctima pero también por las secuelas del trauma de parir en contra de su voluntad. De hecho, tuvo intentos de suicidio.

Las posiciones de los grupos denominados “provida” son legítimas, del mismo modo de los que promueven la aprobación de un proyecto para la interrupción legal del embarazo. Pero son legítimas en la medida en que no pretendan imponerse por la fuerza, o violando las leyes vigentes.

El debate en torno a la ley que el año pasado tuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero fue rechazada en el Senado, implicó uno de los pocos aportes rescatables del Congreso de la Nación en los últimos años. Tanto en las comisiones como en el recinto, el intercambio de opiniones fue esclarecedor y logró que los partidarios de una postura como de la otra expusieran sus argumentos libremente.

Tal vez envalentonados por el éxito del freno a ley de interrupción voluntaria del embarazo, los grupos “provida” iniciaron luego un activismo inaceptable para impedir la aplicación, en las escuelas, de la Ley de Educación Sexual Integral, y, en las maternidades, de los abortos no punibles. Esa “militancia” es peligrosa. Porque una cosa es manifestarse públicamente a favor de las ideas que consideran justas o apropiadas, y otra muy distinta es incidir directamente para evitar el cumplimento de leyes vigentes. 
El caso del médico rionegrino tal vez sirva como paradigma de la exacerbación de esta postura, y al mismo tiempo como freno formal al despropósito de forzar situaciones a partir de posiciones fundamentalistas, incluso contrarias a la ley.

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