Renegar del aporte que la ciencia nacional le hace al desarrollo productivo del país es una política que, a mediano y largo plazo, se convierte en suicida. A la hora de pensar en cómo achicar gastos en el presupuesto nacional debe pensarse en los superfluos, o los postergables, nunca en aquellos que por su importancia estratégica se transforman en inversiones redituables, cuantitativa o cualitativamente. Salvo alguna contada excepción, ningún país logró grados importantes de desarrollo escamoteándole fondos a la investigación científica.
Por eso debe señalarse con preocupación el ajuste que vienen sufriendo las partidas para las áreas de ciencia y tecnología (casi del 18 por ciento entre 2015 y 2019) y que han provocado una disminución del plantel de científicos que desarrollan sus tareas en la Argentina. El viernes, por ejemplo, se conoció que en la convocatoria para el ingreso al Conicet solo ingresaron 450 postulantes, quedando excluidos más de 2.000 doctores formados en universidades nacionales. Si esos postulantes pretenden continuar con sus investigaciones, el camino más seguro es el de la emigración a los países desarrollados.
Los obstáculos para la investigación en ciencia y tecnología aplicada se observan también en la reducción de personal altamente especializado en otros organismos del Estado, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
En los últimos años se ha revertido el proceso de repatriación de científicos, y son muchos los que optan por aceptar ofertas laborales de otros países, no solo por el recorte en las becas sino también por el escaso incentivo económico que representan, al punto que un becario del Conicet cobra en la actualidad menos de 30.000 pesos mensuales.
Entre 2004 y 2016, en el marco del programa Raíces, de repatriación de científicos, casi 1.300 investigadores retornaron al país luego de haber emigrado hacia fines del siglo pasado y comienzos del actual. Entre 2017 y 2018 solo retornaron seis. Y son muchos los que optaron por irse al extranjero. Además, el gobierno nacional actual decidió discontinuar el Plan Argentina Innovadora 2020, que preveía aumentar en 2.000 la cantidad de científicos en el país. Ese plan lo diseñó el ministro Lino Barañao en el gobierno anterior, y lo liquidó él mismo años después, como secretario de la actual gestión.
El perjuicio que indudablemente causa el deterioro de la ciencia nacional no puede medirse en lo inmediato, pero tiene un impacto negativo al cabo de algunos años que la Argentina ya ha experimentado en el pasado cercano. Aquella pésima experiencia, que puede sintetizarse en las expresiones de Domingo Cavallo mandando “a lavar los platos” a los científicos, debería servir ahora para revertir el ajuste dañino que se viene practicando.
