La deuda pública ha vuelto a ser el principal problema económico de los argentinos. Si en algo coincide la totalidad de los economistas que analizan la realidad financiera nacional, más allá de sus orientaciones ortodoxas o heterodoxas, es que el actual esquema de vencimiento de los intereses de la deuda es impagable. De modo que uno de los desafíos centrales del gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre será llevar adelante una negociación para la reprogramación de esos pagos a los fines de que no sean letales para la sustentabilidad de la muy debilitada economía.
El crecimiento vertiginoso de la deuda operado a partir del año 2016 no deja casi margen de maniobra, porque las divisas ingresadas en estos años no han generado crecimiento y desarrollo económico que hagan viable pagar esos créditos tomados con el sector privado, pero sobre todo con el Fondo Monetario Internacional a partir del acuerdo suscripto a mediados del año pasado.
Un rápido repaso por la información respecto de los pagos que debería afrontar, si es que no hubiese reestructuración de la deuda, permite comprender la magnitud del desafío que tiene ante sí el gobierno de Alberto Fernández.
El total de vencimientos de deuda en dólares y en pesos para todo el año que viene es de 55.400 millones de dólares. La cifra fue calculada por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que además señaló que ese monto, impagable por cierto, representa aproximadamente el 12 por ciento del Producto Bruto Interno.
Pero no hay que mirar al año que viene para entender las dificultades de Argentina para hacer frente a los compromisos asumidos, en una inmensa proporción, por el gobierno de Mauricio Macri. Solo hasta el fin de este año el país debe pagar a sus acreedores 19.000 millones de dólares.
El IARAF plantea que, en un escenario optimista, las reservas ejecutables o disponibles del Banco Central bajarían a apenas 3.300 millones de dólares. Otros, más pesimistas, creen que, salvo que el FMI autorice la liberación del desembolso pendiente de 5.400 millones de la moneda norteamericana, casi no habrá reservas cuando el año nuevo comience.
El panorama no mejora para los años subsiguientes: entre 2022 y 2023 deberán devolverse casi 40.000 millones de dólares al FMI aunque no se concreten nuevos desembolsos y hay vencimientos en bonos por un monto mayor.
La reprogramación o reestructuración de la deuda resulta, como es fácil de advertir, inevitable. Las ventajas que tiene el gobierno recientemente electo es la reciente legitimidad de origen por el voto popular, lo cual apenas le da un poco más de aire respecto al gobierno que prepara su alejamiento del poder, y también la corresponsabilidad del Fondo Monetario en la agudización de la crisis. El plan pergeñado en 2018 resultó un verdadero fracaso, y en él participaron técnicos del organismo internacional. Es un dato irrefutable de la realidad, aunque el FMI nunca se ha caracterizado por su propensión a la autocrítica.
