EDITORIAL

Hostigar a los vulnerables

viernes, 20 de abril de 2018 · 04:19

Quienes son víctimas de un delito o una conducta indecorosa en ámbitos institucionales necesitan tener garantías de que, si formulan la denuncia por vías formales o informales, van a ser escuchados, contenidos, y el hecho investigado debidamente.

No es precisamente lo que parece suceder en una pequeña localidad del este provincial, Quirós, ubicada en el departamento La Paz, con el caso de una alumna de tan solo 15 años que dice haber sido acosada sexualmente por un profesor.

Según la versión de la adolescente, el docente le pidió, en un momento en el que estaban a solas, que se sentara en sus piernas. Pero además le habría hecho propuestas subidas de tono.

La estudiante les contó a sus padres lo sucedido, quienes no dudaron en concurrir a la comisaría de la localidad a presentar la denuncia. Allí comienza, según todo parece indicar, una cadena de despropósitos: la policía no les quiso tomar la denuncia con argumentos absurdos –una costumbre por otra parte muy arraigada en uniformados que no saben, o no quieren, cumplir con su deber- y sugirió que hagan la denuncia en el Juzgado de Recreo, ciudad que queda a más de 40 kilómetros de distancia.

La familia de la presunta víctima, de origen humilde, desistió de hacerlo por los gastos de traslado que implicaba y porque tampoco cuentan con recursos para solventar un abogado que colabore en activar la causa.

De modo que el penoso incidente quedó circunscripto al ámbito escolar, y supeditado a lo que resolviesen las autoridades. Allí siguió el desatino, pues las autoridades escolares habrían decidido no investigar debidamente lo que ocurrió, e incluso toleraron, según deslizaron fuentes a El Ancasti, que el profesor en cuestión retara a los estudiantes por la divulgación del caso.

¿Cómo se enteró el docente de la acusación en su contra? Al parecer, fue informado por los propios efectivos policiales que no quisieron recibir la denuncia.

El supuesto caso de acoso fue publicado por este diario, lo que originó mucho malestar en la conducción del establecimiento. Y nuevamente, en vez de propiciar que el hecho se dilucide, la opción habría sido la de la presionar a los alumnos para que “confiesen” quién filtró la información.

Es decir, el problema no es que existiese la posibilidad de que un profesor acose a una alumna en una escuela de esta provincia, sino que el hecho tomara estado público.

Por cierto, que una estudiante denuncie acoso de un docente no convierte al profesor en culpable de nada. El hecho debe ser investigado, y si no se arriba a una resolución concluyente porque al fin y al cabo será la palabra de una contra la del otro, al menos que el tema del acoso sexual en las escuelas se debata adecuadamente y se tomen los recaudos para que no sucedan en el futuro.

Pero la peor opción es la de hostigar a la víctima y a sus compañeros, que si ya de por sí se encuentran en una situación de fragilidad, más vulnerables se tornan si son pasibles de conductas inquisidoras y persecutorias de parte de las autoridades.

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