Cabo suelto. Las brutales golpizas policiales contra José Javier Aguilar jamás fueron investigadas.
El juicio a José Javier Aguilar por el asesinato del policía Diego Chávez cerró con una condena de veinte años de prisión que generó controversia por su magnitud, pero más allá de la discusión sobre si la pena resulta proporcionada para un homicidio simple sin agravantes probados, el proceso dejó sin resolver algo que merece atención independiente: qué pasó con las golpizas que los policías le propinaron a Aguilar tras su detención, tan severas que requirieron su internación con lesiones óseas y contusión pulmonar. Nadie fue investigado ni muchos menos sancionado por estas brutalidades.
El tema nunca formó parte de la agenda política e institucional catamarqueña. Más que previsible: Aguilar es un pobre infeliz y encima asesinó a un policía, pero la omisión trasciende su peripecia personal para sumarse a una extensa cadena de episodios lamentables que arrojan un patrón documentado, crónico y deliberadamente ignorado.
El nuevo informe anual del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) volvió a verificarlo. Catamarca es una de las seis provincias del país que todavía no cuenta con un Mecanismo Local de Prevención (MLP), el organismo previsto por ley para realizar visitas independientes de monitoreo a los lugares de encierro. El último proyecto legislativo para crearlo perdió vigencia en 2023 y desde entonces no hubo ningún avance. La deuda viene de 2022 y nadie parece apurado por saldarla.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura volvió a señalar que Catamarca carece de dispositivos contra los tormentos policiales. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura volvió a señalar que Catamarca carece de dispositivos contra los tormentos policiales.
En ausencia de ese mecanismo, es el propio CNPT nacional quien debe encargarse del monitoreo en la provincia, con el apoyo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca.
El informe es contundente sobre lo que esa falta produce. En las inspecciones realizadas en agosto de 2024 al Servicio Penitenciario Provincial y a la Unidad Penitenciaria N° 2 de Mujeres, el Comité relevó episodios de tortura y malos tratos que calificó como prácticas "sistemáticas e institucionalizadas".
El caso de Aguilar, impune, es otra expresión de un tenebroso “modus operandi” que se despliega y afianza al amparo de la prescidencia. Fue detenido, golpeado, hospitalizado, y el aparato estatal —policial, judicial e institucional— no produjo ninguna respuesta frente a eso. Las investigaciones administrativas prometidas nunca prosperaron. La investigación judicial nunca existió. El Jefe de la fuerza, lejos de tomar distancia, respaldó públicamente las protestas policiales que siguieron a la anulación del primer juicio.
Esto ocurre en la Provincia que en marzo de 2012 se conmocionó con la muerte de Diego Pachao, detenido por averiguación de antecedentes en la Comisaría 7° y sacado inconsciente al día siguiente en ambulancia para morir en el Hospital San Juan Bautista. El proceso judicial duró una década: prescribieron cargos, fueron sobreseídos funcionarios, se dilató todo lo que pudo dilatarse. Recién en 2022, diez años después, dos policías fueron condenados por torturas.
El otro caso emblemático es aún peor. El 9 de septiembre de 2011, cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años murieron calcinados en la Alcaidía de Menores. Estaban detenidos más allá de los plazos que la ley permite, en condiciones edilicias deficientes.
En diciembre de 2025, 14 años después, la Corte de Justicia de Catamarca dictó el sobreseimiento de los policías acusados por violación del plazo razonable para ser juzgados. Esto es: la causa prescribió y la propia sentencia de la Corte atribuyó la impunidad a la “desidia, inacción y falta de voluntad" del sistema judicial.
El fallo ordenó sumarios en el Poder Judicial para deslindar responsabilidades. Adivine el lector qué pasó.
