Un reciente informe del Observatorio de Psicología Social de la Universidad de Buenos Aires aporta datos que deberían encender alarmas en todos los niveles del Estado. El estudio revela que el 6,5% de la población argentina presenta riesgo de desarrollar algún trastorno mental, con una incidencia notoriamente mayor entre los sectores más jóvenes. También que el riesgo suicida aparece con mayor frecuencia precisamente en las personas de menor edad y en quienes tienen un nivel socioeconómico más bajo. Otro dato revelador es que el 52,4%, es decir, más de la mitad de los consultados, reconoce estar atravesando una crisis personal o vital, atribuida en su mayoría a preocupaciones de índole económica.
Pero hay una cifra que, por su magnitud, merece especial atención: casi el 60% de la población argentina no duerme bien. El sueño se ha convertido en un bien escaso para la mayoría de los ciudadanos. Lo más alarmante no es solo la magnitud del fenómeno en el presente, sino su trayectoria en el tiempo. El grupo que reporta dormir poco pasó del 10,53% en marzo de 2020 —cuando el país atravesaba las primeras semanas de una pandemia que paralizó al mundo— al 38,20% en la medición actual. Es decir, el insomnio colectivo supera hoy ampliamente los niveles registrados en uno de los momentos más críticos de la historia reciente.
La salud mental no es un lujo ni un problema de minorías sino que afecta, como muestra el estudio de la UBA, a una porción mayoritaria de la sociedad. La salud mental no es un lujo ni un problema de minorías sino que afecta, como muestra el estudio de la UBA, a una porción mayoritaria de la sociedad.
El informe de la UBA describe un estado de situación que se ha ido consolidando con el paso de los años, agravado por la precariedad económica y la ausencia de respuestas estatales sistemáticas. Los jóvenes, en particular, aparecen como el sector más expuesto en tanto son los que más vulnerabilidad suicida exhiben y los que más dificultades enfrentan para construir proyectos de vida en un contexto de incertidumbre estructural.
Ante este cuadro, el Estado no puede permanecer pasivo. Los especialistas que acompañan este tipo de investigaciones son coincidentes en señalar que la respuesta no puede limitarse a la atención de casos en crisis, sino que debe orientarse hacia el monitoreo continuo de la salud mental de la población, la detección temprana de situaciones de riesgo y la intervención oportuna antes de que los cuadros se agraven. La salud mental no es un lujo ni un problema de minorías sino que afecta, como muestra este estudio, a una porción mayoritaria de la sociedad.
Los expertos también advierten sobre la necesidad de impulsar políticas de salud que promuevan hábitos saludables. Entre ellos, la actividad física ocupa un lugar destacado. La evidencia científica acumulada en las últimas décadas es contundente respecto del papel del deporte como factor protector frente a la depresión, la ansiedad y otros trastornos del ánimo. Una política pública inteligente no puede ignorar ese vínculo. Del mismo modo, se impone desalentar conductas problemáticas como el abuso de sustancias, el sedentarismo, la hiperconectividad sin límites, y ampliar de manera efectiva el acceso a tratamientos psicológicos, todavía vedados para millones de argentinos por razones económicas o geográficas.
El sueño perdido de casi seis de cada diez argentinos es el síntoma visible de una sociedad bajo tensión que no encuentra en el Estado, hasta ahora, la contención que debería encontrar.
