La conocida expresión, que muchas veces aparece en pintadas callejeras, sobre todo en barrios marginales, “ningún pibe nace chorro”, alude sin explicitarlo a la ineficacia del Estado para ofrecer contención a los chicos en situación de vulnerabilidad y de esa manera evitar que incursionen en el tenebroso mundo del delito desde edades tempranas.
Un reciente informe publicado por Unicef Argentina parece darle la razón a esta perspectiva de análisis. Señala, por ejemplo, que cuatro de cada diez adolescentes privados de la libertad vivió en la calle y sin familia.
En demasiados casos el Estado aborda la problemática del niño en situación de vulnerabilidad recién cuando ya es adolescente y desde la faz represiva, una vez que entró en conflicto con la ley. Es decir, no actuó de manera preventiva, evitando ese recorrido delictivo que no es inevitable, pero sí muy recurrente.
El informe en cuestión se denomina “Las Voces de las y los Adolescentes Privados de Libertad en Argentina” y es un estudio sobre los chicos detenidos.
Los especialistas de Unicef sostienen que un alto porcentaje de los adolescentes en conflicto con la ley ve vulnerado sus derechos básicos a la salud, la educación, la vivienda y una buena alimentación antes de cometer algún delito. Es decir, son el Estado y la sociedad los que están en deuda con ellos en primera instancia.
El estudio consigna también que la privación de la libertad es una medida ineficaz, pues debería tener como propósito fundamental la reinserción socioeducativa, pero tal objetivo lejos está de cumplirse.
La vulneración de derechos que comienza en la niñez, señala el trabajo de Unicef, continúa luego en los centros de detención, lo que favorece la reincidencia de los jóvenes en el delito, en situación cada vez de mayor gravedad.
Ana de Mendoza, representante Unicef Argentina, considera que "uno de los temas que más nos preocupan es el de los chicos y chicas privados de su libertad. Y las condiciones en las que están. En algunos casos pueden ser comparadas con la tortura. Hay que poner en duda que el encierro sea la mejor opción, y sus condiciones hacen que sea difícil para los adolescentes responder bien en este período de encierro".
El informe aporta datos reveladores: la mitad de los chicos en conflicto con la ley encerrados no iba a la escuela, cuatro de cada diez vivió en la calle y el 14% pasó por hogares de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales porque sufrió violencia, abandono o abuso sexual, entre otros.
El dato positivo es que el informe no se queda solo en el diagnóstico y la denuncia, sino que aporta recomendaciones para modificar esta dramática realidad. Propone, básicamente, “fortalecer las políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los derechos de los adolescentes”. Y respecto del Sistema de Justicia, advierte que "la privación de libertad debe utilizarse de manera excepcional, como último recurso y por el menor tiempo posible”, priorizando medidas alternativas al proceso penal y medidas penales no privativas de la libertad con enfoque restaurativo y objetivos socioeducativos.
