Las organizaciones defensoras de los niños denuncian que a través de una decisión administrativa “violatoria de los derechos de los niños, niñas y adolescentes” se recortaron 932 millones de pesos de las partidas asignadas por el Congreso Nacional a la Defensoría, a la Comisión Bicameral encargada de la designación del/la Defensor/a de las Niñas, Niños y Adolescente y a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf).
En incumplimiento del Presupuesto 2019 sancionado por el Congreso el 25 de octubre pasado, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, firmaron el 11 de enero una decisión administrativa que no toma en cuenta las modificaciones que había realizado el Poder Legislativo en los fondos destinados a estas tres áreas clave para garantizar los derechos a los niños de nuestro país.
El Gobierno había intentado disminuir en términos reales la asignación presupuestaria en la Defensoría y la Comisión en un 67 por ciento y un 35 por ciento los programas del Sennaf, de acuerdo al proyecto de Presupuesto que presentó el 17 de septiembre. Esos montos son los que se oficializaron en la decisión administrativa y no los incluidos en el artículo 16 del Presupuesto por el Congreso, que aumentaba los fondos en 932 millones de pesos.
“La medida es violatoria de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y representa una fuerte limitación a las políticas de protección integral de los derechos de la infancia”, advirtieron desde el colectivo Infancia en Deuda, que nuclea a 14 organizaciones de la sociedad civil. Las ONG enfatizaron que el ajuste afectará directamente a la población más vulnerable, destinataria de los programas que lleva adelante la Secretaría, y adelantaron que impugnarán la decisión porque el Poder Ejecutivo no respetó la facultad del Poder Legislativo.
El recorte se da además con una Defensoría acéfala porque el 2018 terminó sin la designación del puesto creado por ley 26.061 en 2005 y vacante hace 13 años, a pesar de que había 14 postulantes finales para el área. Ahora tanto la Defensoría como la Comisión que debe designar al defensor contará con un 65 por ciento menos de recursos para desarrollar sus tareas. “En el contexto actual, en el cual el 48 por ciento de las niñas y niños se encuentran en situación de pobreza, resulta inaceptable que el Poder Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo al definir el presupuesto, desfinanciando dos de los principales órganos del sistema de protección integral de la niñez y adolescencia”, denunciaron desde Infancia en Deuda a través de un comunicado.
