La polémica por el ilegal cobro de multas de tránsito por parte de municipios desnudó una realidad preocupante: las dificultades que existen para que el trabajo de prevención de accidentes viales sea eficaz y coordinado.
Esta interpretación de lo que está sucediendo en Catamarca, proporcionada por la responsable de Gestión en Educación Vial de Vialidad Provincial, Cristina Véliz, tal vez explique en parte la gran cantidad de siniestros viales que a diario se producen en calles y rutas, con desenlaces fatales demasiado frecuentes.
Como se ha venido publicando, la Dirección de Vialidad Nacional intimó a los municipios a que retiren los radares con los cuales cobran multas de tránsito sobre rutas nacionales porque no están autorizados a hacerlo. Sin embargo, son varios los municipios que se resisten a hacerlo.
Algún desprevenido podría suponer que los intendentes de las comunas en las que este tipo de operativos se practican han desarrollado en los últimos tiempos una saludable vocación por la prevención de los accidentes de tránsito. En rigor, tal propensión altruista es más bien un espejismo. Mueve a los municipios, en realidad, una ambición recaudatoria, cobrando multas a los conductores que superan determinadas velocidades permitidas al transitar en el ingreso a localidades, aunque en ese cometido infringen leyes nacionales.
Véliz lamenta que muchos municipios, presurosos para cobrar multas, sean tan lerdos para estructurar un área de tránsito, o capacitar a sus empleados en la materia o siquiera participar de charlas de seguridad vial que organizan otras áreas. Ni hablar de realizar capacitación vial a los vecinos que se acercan a las oficinas comunales a tramitar el carné de conductor. Al respecto, es por todos conocida la laxitud de las exigencias de parte de muchas municipalidades del interior para entregar esta documentación.
Para Véliz, la clave es un trabajo coordinado y con el acento en la educación vial: “Si tuviéramos una delegación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial seguramente junto con Vialidad harían convenios, se podría tener un solo concepto en cuanto a si está bien o no que las comunas dispongan colocar cámaras, radares o lo que fuere en las rutas nacionales. Los municipios pueden solicitar este servicio pero deben tener la autorización de Vialidad Nacional, porque son ellos quienes deben poner la señalética en la ruta para que los conductores estén advertidos, pero aquí hay otro objetivo y tiene que ver con recaudar dinero y no salvar vidas”.
A la hora de analizar las razones de la proliferación de accidentes el lugar común es caerle a la imprudencia de los conductores, lo cual por cierto resulta atinado en vista de las causas inmediatas de los siniestros. Pero también debería analizarse en profundidad cuáles son las responsabilidades de los organismos del Estado en la reiteración de estas tragedias cotidianas.
No puede vislumbrarse un futuro muy alentador si al compromiso de la educación vial le anteponemos el afán de recaudar a como dé lugar.
