Javier Milei implementó una política de apertura comercial y desregulación que tenía como propósito declamado bajar los costos de los insumos, eliminar distorsiones y poner fin a los abusos de sobrefacturación y subfacturación. Casi tres años después, las entidades que representan a quienes producen en el país describen un escenario muy distinto.
Según el Centro de Estudios de la UIA, el 59,9% de las empresas considera que la competencia desleal tiene un impacto alto o muy alto sobre su actividad, una proporción que subió cinco puntos porcentuales en un año. En el Noroeste argentino y en las zonas fronterizas, el 56,5% de las industrias advierte un agravamiento por el flujo no registrado desde países vecinos.
El deterioro productivo acompaña ese diagnóstico. El Instituto Argentina Grande consignó que las importaciones de bienes de consumo sumaron 941 millones de dólares en agosto, un 44,6% por encima del promedio mensual de 2015-2019, mientras la industria se ubica un 11% por debajo de su nivel de 2023. Al mismo tiempo, cayeron las compras de bienes de capital, es decir, justamente aquello que permitiría producir más y mejor. Ingresa el producto terminado que compite con el nacional, pero no ingresa la maquinaria que lo haría competitivo. Es importante aclarar que no toda la retracción industrial puede atribuirse a las importaciones. También pesan sobre la actividad la debilidad del consumo y los costos internos.
A ese cuadro se suma el contrabando, que el Gobierno prometió combatir con la desregulación y que, según las cámaras, se ha multiplicado. La eliminación de estampillas y controles cualitativos previos, la ampliación de los topes del régimen de courier (sistema de importación simplificada a través de servicios de correo aéreo expreso) y la migración hacia una fiscalización posterior basada en perfiles de riesgo, con menor intervención física, dejaron fronteras y puertos más permeables. La AFARTE sostiene que, en artículos electrónicos, el contrabando pasó de moverse entre el 5% y el 7% del mercado a cerca del 30% en los últimos dos años. El presidente de la UIA, Martín Rappallini, afirmó que en algunos rubros los productos que ingresan por circuitos irregulares representan entre el 30% y el 50% del mercado.
Pero el problema no es solo económico. La UIA advirtió ante la Aduana que la competencia desleal también se manifiesta en productos que ingresan sin cumplir reglamentos técnicos, sin certificaciones obligatorias y con problemas de trazabilidad. Juguetes, artefactos eléctricos, cargadores, indumentaria infantil, medicamentos o alimentos sin homologación ni control sanitario llegan a los consumidores sin garantía alguna de seguridad.
Una economía moderna necesita insumos accesibles y competencia. Pero para que la apertura sea sensata tiene que ser gradual y sectorial. Corresponde, además, restablecer los controles de seguridad y calidad sobre lo que ingresa. Abrir la economía sin cuidar a quienes producen y sin vigilar lo que cruza las fronteras, es, más que liberalismo, abandono irresponsable de competencias.n
