Los desagradables episodios de violencia vividos ayer en el desalojo de las instalaciones de la empresa Pepsico en la localidad de Florida, provincia de Buenos Aires, se podrían haber evitado. La misma reflexión cabe para otros hechos de conflicto social, que se han incrementado de manera exponencial en los últimos meses como consecuencia de la crisis económica y los despidos.
Es que cuando se dan situaciones de esta índole lo que debe primar es la intervención de la política, esto es, de la negociación pacífica para llegar a consensos que impidan la resolución mediante el uso de la fuerza.
Si bien puede argumentarse que los trabajadores de la empresa estaban en una situación de “usurpación” de la planta, no debe perderse de vista que se trata de personas que se encuentran en una situación desesperante ante la eventual pérdida de la fuente laboral, y que la ocupación que hacían del edificio estaba enmarcada en una protesta pacífica y en defensa de las fuentes laborales.
El gobierno nacional parece trasladar los mismos criterios de escasa intervención que caracteriza a su política económica, congruente con el ideario de su proyecto neoliberal, al plano político. Y en política la pasividad casi siempre es negativa, pues la negociación activa es clave para solucionar las divergencias.
A juzgar por el rumbo que tomaron los acontecimientos, para el Gobierno nacional el tema de Pepsico y el despido de varios centenares de sus obreros es un problema de la empresa, los trabajadores y la Justicia. Se trata de un error: la prescindencia de la política genera tensiones que habitualmente desencadenan violencia, frustración y, casi siempre, la vulneración de los derechos de los más débiles, en este caso, los trabajadores despedidos y sus familias.
Pero además de ser un error, el gobierno desconoce un acuerdo firmado tiempo atrás por representantes de las principales fuerzas políticas, que establece que en situaciones en las que se prevé un desalojo violento de personas que realizan una protesta social, quien debe encabezar las fuerzas de seguridad no es un jefe policial o de Gendarmería, sino un negociador político que sea capaz de impedir que la represión se consume y se encuentren salidas alternativas.
La ausencia de la intervención política no se entiende, además, porque es inadmisible que una de las empresas que más facturó el año pasado en la Argentina -4.800 millones de pesos según la revista Mercado- justifique los despidos solicitando al Ministerio de Trabajo el Procedimiento Preventivo de Crisis.
La intervención del Estado para regular las relaciones sociales, sobre todo las que generan conflictos colectivos de envergadura, se torna imprescindible en épocas de crisis como las que vive la Argentina por estos días.
La contención de los sectores vulnerados es condición indispensable para mantener la paz social. Por eso, episodios como los que se vivieron ayer deben causar preocupación y demandar un abordaje distinto, que procure alcanzar consensos a través del diálogo y no resultados forzados a través de la fuerza.
