La historia de la explotación y comercialización de la rodocrosita condensa todos los elementos que explican por qué Catamarca no ha podido traducir su riqueza minera en desarrollo genuino. Impericia y venalidad se conjugaron desde 1991 para carnear los filones más redituables de Minas Capillitas, de la que la CAMYEN se hizo cargo en 2013 sin haber podido hasta la fecha revertir la inercia del fracaso.
Los escándalos más resonantes comenzaron a detonar a partir de 2004, luego de que el gobernador Eduardo Brizuela del Moral decidiera reactivar la empresa Sociedad Minera Catamarca de Economía Mixta (SOMICA DEM) y ponerla al mando de Raúl Doering, pero el impulso estatal para la explotación de la "Rosa del Inca” nació ya torcido.
SOMICA DEM se constituyó en 1986, con el objeto de promover el desarrollo de la minería, realizar tareas de investigación, prospección, exploración, preparación, desarrollo y extracción de sustancias minerales, molienda, beneficio, etc. En 1989, el Gobierno de Ramón Saadi le transfirió el área minera Cerro Atajo, aporte de capital por el que el Estado se quedó con el 51% del paquete accionario. El 49% restante fue a manos de las firmas "Víctor Manuel Contreras SA” y "Minera Andina SA”, que se encargarían de la explotación.
El procedimiento administrativo fue defectuoso, pues la transferencia de Cerro Atajo, imprescindible para que SOMICA se capitalizara, debió ejecutarse a través de una ley, es decir, con la participación de la Legislatura, pero se hizo por decreto. No obstante, la firma mixta comenzó a explotar Minas Capillitas en 1991, ya bajo la gestión radical.
La ausencia de registros de los volúmenes de piedra extraídos y de las eventuales utilidades que su actividad arrojara a favor de la Provincia es indicio de la deficiencia de los controles estatales o de una connivencia ilícita entre los encargados de la fiscalización y los privados en perjuicio del erario que todavía subsiste, pero recién en 1997, cuando promediaba su segundo mandato constitucional, el entonces gobernador Arnoldo Castillo decretó la nulidad del aporte de Cerro Atajo y la disolución de SOMICA. Cinco años después, el 21 de junio de 2002, la Corte de Justicia declaró la nulidad absoluta e insanable de la constitución de la empresa, ordenó restituir al patrimonio provincial el área minera transferida irregularmente e iniciar el proceso de liquidación de la firma.
La resurrección
A pesar del fallo, Brizuela del Moral decidió a poco de asumir como gobernador, en 2004, reflotar la empresa liquidada por decisión judicial. En disidencia con esta decisión, renunció como asesora general del Gobierno la actual diputada provincial Stella Maris Buenader de Walther, quien subrogaba el puesto de Fiscal de Estado.
Entre las objeciones que se levantaron en aquel momento contra la decisión de Brizuela del Moral, se destacaron las advertencias jurídicas sobre las consecuencias que podría acarrearle al Estado catamarqueño el hecho de que "Minera Agua Rica LLC” hubiera iniciado las gestiones judiciales tendientes a ocupar Cerro Atajo, que había quedado libre debido a la disolución de SOMICA, o que, llegado el caso, Cardero Resources, el socio escogido por la administración Brizuela del Moral, pudiera trabar litigios por invertir en una zona minera de propiedad controvertida. También se consignó que los contratos de exploración con opción a explotación firmados entre SOMICA DEM y las empresas Víctor M. Contreras y Minera Andina eran objeto de investigación en la justicia penal.
Estas reservas, que la administración Brizuela ignoró, resultaron premonitorias. En los diez años que duró la segunda etapa de SOMICA DEM, el Estado catamarqueño nunca la recapitalizó con la restitución de Cerro Atajo o de otro modo. Mientras tanto, al comando de Doering, designado interventor primero, en 2004, y presidente en 2008, se desarrolló una gestión del yacimiento Minas Capillitas signada por las sospechas.
Minera Agua Rica, por su parte, quedó en posición inmejorable para sacar ventaja en las negociaciones con el Estado provincial. Prueba de ello es que retiene los derechos de explotación sobre el yacimiento Agua Rica sin mayores inversiones ni esfuerzos, a partir de un contrato firmado por CAMYEN bajo el compromiso de renunciar a sus reclamos judiciales sobre Cerro Atajo, que el gobierno radical nunca recuperó después de que quedara liberada.
La era Doering
Desplazado Brizuela del Moral del Gobierno, los puntos oscuros de la administración Doering fueron denunciados en sede judicial por la Fiscalía de Estado del gobierno de Lucía Corpacci.
El planteo inicial se sustentó en actuaciones iniciadas ante la Dirección de Sumarios e Investigaciones Administrativas de Fiscalía de Estado por el empresario Juan Carlos Berberian, perjudicado por supuestas maniobras dolosas articuladas en SOMICA DEM para beneficiar a la firma Minera Dolphin SA.
La causa judicial todavía está irresuelta, pero el estado de SOMICA DEM al terminar la etapa Brizuela del Moral/Doering era penoso. Conforme al Decreto Acuerdo 196, del 12 de enero de 2012, por el que la administración Corpacci intervino la empresa, los estados contables de la firma eran "inconsistentes” y adeudaba más de $11 millones por multas originadas en infracciones.
No hubo más noticias de Raúl Doering hasta que el año pasado reventó el escándalo de los Panamá Papers y apareció como titular de empresas "off shore”. El ex presidente de SOMICA DEM está radicado en Panamá, dedicado a la constitución de este tipo de negocios.
Raconto
Sobre los enjuagues en SOMICA DEM segunda época (2004-2011) dan cuenta muchos más elementos que en la primera etapa. Pueden rastrearse no solo en las causas judiciales, sino en archivos periodísticos, expedientes administrativos y debates parlamentarios. Vale la pena un breve recuento, sin perjuicio de lo meritoria que ha sido la conducción de CAMYEN en el tránsito de la senda de oscuridades y desatinos trazada por sus antecesores.
- En 2006 se detectó en los Estados Unidos un contrabando de restos fósiles y rodocrosita desde la Argentina a Tucson, estado de Arizona, efectuado por la empresa Rhodo Co., supuestamente socia de Minera Andina
- En 2008, Doering pesificó y redujo el canon que la empresa británica Minera Dolphin SA le pagaba a SOMICA DEM por la explotación y comercialización de rodocrosita, con las consecuentes pérdidas para el erario provincial.
- La firma Minera Dolphin, con sede en Lanús, Buenos Aires, aparece en varias oportunidades involucrada en incidentes con cargas de rodocrosita flojas de papeles: 6 toneladas en 2009, 8 toneladas en 2010, 9 toneladas en 2011. Se trata de la compañía que precipitó la denuncia de Berberian, base de las acciones penales de Fiscalía de Estado.
- Directivos de Minera Andina fueron imputados en una causa federal por continuar con la explotación de Minas Capillitas hasta 2007, a pesar de que Fabricaciones Militares les había rescindido el contrato en 1998. Los sobreseyó el juez Norberto Oyarbide, pero en apelación le revirtieron el fallo.
Como se ve, los entuertos que siembran dudas sobre la gestión de la CAMYEN no son para nada novedosos. Representan en realidad los últimos eslabones de una cadena de vaciamiento que va para las tres décadas, cuyos episodios más perniciosos se produjeron entre 1991 y 2011, con el saqueo de lo más valioso de Minas Capillitas.
La saga de SOMICA DEM se inscribe en una política como mínimo errática, bajo la cual se dilapidó lo más grueso de la renta minera.
El vicepresidente de CAMYEN, Alejandro Bosio, informó sobre la eliminación del subsidio del 50% que se aplicaba en el precio de la rodocrosita de primera calidad que se vendía a los artesanos. La mejor piedra que queda, dijo, se reserva para comercializarla a precio de mercado, cuando las ventas reempinen. Después, a prender velas para que aparezca más en la carneada Minas Capillitas.
Todavía falta mucho para remontar la frustración de la "Rosa del Inca”.
CAJÓN
Los entuertos que siembran dudas sobre la gestión de la CAMYEN son los últimos eslabones de una cadena de vaciamiento que va para las tres décadas, cuyos episodios más perniciosos se produjeron con SOMICA DEM.
