En el contexto de una campaña electoral donde lo único que rompió la monotonía de mítines e inauguraciones de obras fueron los rezongos de las autoridades provinciales por mermas efectivas y potenciales de las partidas provenientes de la Casa Rosada, ganó interés la controversia por los resultados del “Plan Tomate” implementado por el Ministerio de Producción a través de la sociedad del Estado Agroindustria Catamarca (AICAT).
AICAT ofició de intermediaria entre un grupo de productores y la firma cordobesa DULCOR, que adelantó dos millones de pesos para financiar la producción de tomates. DULCOR recibiría los tomates para industrializarlos. La articulación comercial no salió como se esperaba, pues los frutos logrados no alcanzaron el volumen previsto por distintos motivos.
Esta decepción precipitó objeciones de la oposición y las respuestas de la cartera de Producción confirmaron que parte de los fondos fueron destinados a la finca de uno de los directivos de AICAT, Nicolás Allini, quien explicó que había cedido sus tierras en comodato a la estatal con la más transparente y mejor de las intenciones, para ver si de este modo se conseguía llegar a la cantidad de tomates que los cordobeses habían pagado por adelantado, cosa que finalmente no ocurrió.
Podría tratarse de un descuido administrativo menor si no se concatenara con la nutrida sucesión de incidentes que vienen demostrando el fracaso de la política que asigna roles empresariales al Estado a través de las sociedades del Estado o las SAPEM. Ni una sola de estas estructuras burocráticas ha cumplido con la meta del autofinanciamiento que se propusieron de modo explícito.
En el caso de AICAT, los resultados económicos del “Plan Tomate” remiten a los también menesterosos del “Plan Mosto” hasta en las reverberaciones políticas generadas por las sospechas de manipulaciones turbias de recursos públicos. En términos más generales, la agroindustrial registra desempeños deficitarios similares a los de las otras dos grandes estatales objeto de cuestionamientos: PRODUCAT, que hace premoldeados, adoquines, bloques, telas, herrería y carpintería de melanina y aluminio, y, sobre todo, CAMYEN, dedicada a la actividad minera.
Agujeros negros
Lo que coloca a las SAPEM y las sociedades del Estado bajo sospecha es que su administración no debe atenerse a los mecanismos de control regulares que se aplican al resto de los organismos estatales. Este sistema, alega el Gobierno, las dota de mayor agilidad, pues no deben ajustarse a los arduos trámites burocráticos de una organización pública ordinaria en el Tribunal de Cuentas, la Asesoría General de Gobierno o la Fiscalía de Estado.
El argumento parece en principio razonable, pero lo erosiona una circunstancia determinante: como son deficitarias, el Tesoro provincial tiene que asistirlas permanentemente, incluso para cubrir gastos corrientes como el pago de salarios y servicios. Este financiamiento público de sociedades que se manejan como si fueran estructuras privadas es sistemático y no tuvo excepciones ningún año desde sus respectivas creaciones. De tal modo, lo que ocurre en realidad es que a través de las SAPEM y las sociedades del Estado se canalizan recursos públicos sin control. Dados los resultados económicos negativos obtenidos en un lustro, es legítimo concluir que las respectivas gestiones pecan, como mínimo, de incompetencia.
Por lo menos en teoría, que las tierras particulares de un funcionario formaran parte de una operatoria oficial, como ocurrió en este caso de los tomates, sería imposible sin antes cumplir con una serie de pasos administrativos. AICAT no tiene que cumplirlos y por eso uno de sus administradores financió la cosecha de tomates en sus campos con fondos públicos, cosa sugestiva al margen de las intenciones que haya tenido el administrador y que la cosecha, como dice, se le haya malogrado.
Y los fondos son públicos, no de DULCOR, pues los administró y decidió sobre su destino una empresa que se sostiene con recursos públicos ¿O de dónde sacaría AICAT el dinero para devolverle a DULCOR si el fracaso era total?
Se ha consolidado una mecánica mediante la cual el erario provincial subsidia sin solución de continuidad estructuras empresarias, incluidos los sabrosos emolumentos, viáticos y gastos de sus gerentes, independientemente de su eficacia y de la razonabilidad de sus decisiones y previsiones.
Sin estos subsidios perpetuados, PRODUCAT, AICAT y CAMYEN tendrían que haber quebrado hace rato.
Criterios
Ante las críticas a las sociedades estatales se despliegan argumentos defensivos desde dos puntos de partida.
Uno está vinculado a la posibilidad de que estas estructuras generen utilidades, se alíen al sector privado, se capitalicen y autofinancien, con el consecuente beneficio social por la creación de puestos de trabajo y oportunidades de negocio. Esto no ha ocurrido en cinco años y a esta altura resulta poco razonable suponer que vaya a ocurrir.
El otro disparador de justificaciones es el empleo que estas sociedades del Estado proporcionan, que son empleos públicos porque en definitiva los salarios se solventan con fondos del Estado. En este sentido, quizás es tiempo de considerar si no sería desde el punto de vista económico más sensato trabajar en un sistema eficaz de subsidio al desempleo en lugar de seguir derivando onerosas sumas al mantenimiento de superestructuras deficitarias que requieren gastos de funcionamiento en insumos, alquileres, sueldos jerárquicos, etc.
Tal vez lo que falla es la concepción con que las sociedades del Estado se manejan, que difícilmente vaya a cambiar.
En este caso de los tomates, como en el del mosto antes, habría que ver qué evaluación de los riesgos se hizo antes de proceder a la implementación del programa ¿Era lógico apostar a los tomates o simplemente se financiaron tomates porque apareció una empresa como DULCOR que adelantaba fondos? ¿Si el año próximo aparece una empresa privada que adelante fondos por kiwis se armará un plan kiwi?
Pasa que en las sociedades del Estado, tal como están planteadas, la eficacia económica está subordinada al rendimiento político y al marketing.
Así se configuraron las condiciones perfectas para el fracaso del sistema: los fondos públicos no se invierten en función de las posibilidades de obtener resultados económicos positivos, sino para empinar cadenas de clientelismo, en el mejor de los casos, o negociados. Total, el Tesoro provincial está siempre dispuesto, como lo demuestra la experiencia, a cubrir las pérdidas.
Al revés de los bancos, que exigen garantías de recupero sólidas antes de soltar un peso para financiar inversiones, el Estado es bobo y la pone para cualquier aventura.
