La prohibición de
las explotaciones mineras a cielo abierto en la cuenca del río Andalgalá y la
zona de incumbencia del nevado de Aconquija, sancionada por unanimidad por el
Concejo Deliberante de Andalgalá el jueves, remacha el fracaso de la política
minera provincial, que ya había sufrido dos reveses significativos: un fallo de
la Suprema Corte de la Nación que ordenó a la Justicia local dictar nueva
sentencia sobre una acción de amparo contra la explotación de Agua Rica que se
le había rechazado a un grupo antiminero, primero, y la sentencia que en
consecuencia dictó el juez de Garantías Rodolfo Cecenarro ordenando la
paralización de los trabajos en el yacimiento, poco después.
La sentencia de
Cecenarro y la ordenanza del CD andalgalense, a la que se plegaron hasta los
concejales considerados pro-mineros, expresan el sentir de una sociedad
decepcionada con los resultados de la gran minería, que se siente justamente
estafada.
La frustración no
está vinculada con los desastres ambientales que los enemigos de la minería
anunciaban con insistencia, que no ocurrieron, sino con un contraste demasiado
ostensible: Andalgalá está socialmente peor de lo que estaba hace quince años,
cuando se inició la explotación de Bajo La Alumbrera, pero mientras la
involución se concretaba un puñado de políticos y funcionarios experimentaron
un vertiginoso y exponencial mejoramiento de su situación económica.
Súmese a esta
percepción que la empresa propietaria de los derechos de explotación sobre Agua
Rica, Yamana Gold, carece de los millonarios recursos que se necesitan para
poner en marcha el yacimiento y desde hace años especula y les miente a los
andalgalenses y a los catamarqueños, con la anuencia y colaboración de los jerarcas
del área minera provincial, y se tendrán los motivos por los que la minería,
hoy, no tiene licencia social en el oeste.
Inoperancia,
desidia y corrupción destruyeron las posibilidades de generar consenso en torno
a la minería, pese a las favorables condiciones abiertas al no producirse las
catástrofes ecológicas pronosticadas por sectores como el que encumbró al
actual intendente Alejandro Páez.
La maldición
Lo que pasa en
Andalgalá es lógico. Se trata del municipio donde con mayor nitidez se manifestó
la malversación de la renta pública que arrojó Bajo La Alumbrera, en especial durante
las gestiones como intendente del ex senador José Perea, que tiene pendientes
causas penales por los supuestos enjuagues, y en el que más visibles son las
distancias entre una comunidad a la que se le clausuraron los horizontes de
progreso genuino y la casta que embuchó a dos carrillos las utilidades de la
minería.
El germen de la
anti-minería prosperó nutrido por una sostenida degradación.
El potencial
productivo de la zona, que alcanzó picos de desarrollo importantes antes de la
megaminería, fue abortado para dar paso a un crecimiento desmesurado de la
burocracia y el parasitismo estatal. Vale decir: en lugar de financiar
políticas tendientes a promover la producción sustentable, para la que la
región cuenta con recursos naturales muy ricos, se usaron los fondos mineros
para configurar un bulímico sistema clientelar que, con el dinero que lo cebó
sin freno en remisión, consume ahora el erario completo y lo deja sin resto.
En paralelo,
sobre el dinero fácil de la minería fueron expandiéndose y arraigando los
vicios típicos del ocio baldío devenido de la destrucción de la cultura del
trabajo: drogas, alcoholismo, juego, prostitución, y su correlato de delitos e
inseguridad.
Como frutilla del
postre, la comunidad se fracturó entre mineros y anti-mineros, con
enfrentamientos de una virulencia inusitada y reventones de violencia.
Si Samuel Lafone
Quevedo se levantara de la tumba, volvería a morirse de pura angustia.
Lejos de la
bendición, las riquezas minerales terminaron siendo para Andalgalá una
maldición.
La resistencia a
la gran minería es de tal modo comprensible. Para los andalgalenses, la
actividad solo ha significado atraso, decadencia y fractura social; involución en
lugar de evolución, por el saqueo de una dirigencia miope en el mejor de los
casos, venal en la más malintencionada de las lecturas, pero indiscutiblemente
próspera a pesar de la devastación.
Lápida
Andalgalá
condensa el sentimiento de sectores cada vez más amplios de una Catamarca que
asistió al despilfarro del dinero proveniente de la explotación de recursos
minerales en la que durante décadas había depositado sus esperanzas de progreso
y desarrollo, en una mecánica de la que el funcionariato y sus padrinos sacan
provecho hasta de la raspa ‘e la olla.
A los
concesionarios de Agua Rica, de solvencia dudosa, se les permitió retener los
derechos sin exigirles nada en contraprestación. Hace años que no se trabaja en
el yacimiento que se consideraba el reemplazo de Bajo La Alumbrera.
No avanzaron los
coroneles mineros del sector público en la recuperación del yacimiento para que
fuera Catamarca la que esperara la oportunidad más propicia para jugar conforme
a sus intereses; por el contrario, entraron en componendas con los privados,
arguyendo difusos beneficios futuros, "a pillar”.
Si el que se
quema con leche ve una vaca y llora, los catamarqueños, particularmente los
andalgalenses, ya se escaldaron hasta el tuétano. No quieren reiterar la
experiencia, exigen garantías concretas de que la política minera será
diferente y servirá al progreso común y no a la angurria de unos cuantos
privilegiados.
Mientras estas
garantías no existan, no habrá licencia social para la minería. Esto, aún en el
caso de que la prohibición sancionada por los concejales andalgalenses se
revierta, porque la Corte Suprema ordenó que cualquier gestión que pueda
comprometer el medio ambiente sea puesta a consideración de la sociedad
correspondiente.
A la gran minería
catamarqueña ya le están tirando las últimas paladas de tierra encima. Dados
los antecedentes, y la desconfianza de mula tuerta que se encarnó en los
andalgalenses, costará un potosí evitar que le pongan la lápida.
