Fue un hecho absolutamente inusual observar, el pasado jueves, a un grupo de alrededor de 20 investigadores del CONICET y la Universidad Nacional de Catamarca abandonar por un momento sus habituales ámbitos de trabajos para concebir una protesta callejera en contra del recorte al presupuesto para ciencia y técnica.
La postal se repitió en las principales ciudades del país. Y el acto principal, llevado a cabo en la ciudad de Buenos Aires, culminó con la entrega a los legisladores nacionales de un petitorio orientado a que el Congreso evite que tal ajuste finalmente se concrete.
El proyecto de Presupuesto 2017 enviado por el Poder Ejecutivo a las cámaras legislativas contempla un recorte superior al 30%, en términos reales, respecto del presupuesto de este año para el sector. Es decir, no solo no contempla un incremento de las partidas como el gobierno de Cambiemos había prometido durante la campaña electoral, sino, por el contrario, una disminución que implica un retroceso que preocupa a la comunidad científica y académica.
La disminución de recursos prevista afectará particularmente al CONICET, que tendría muchas dificultades no solamente para incorporar nuevos investigadores sino también para mantenerse operativo.
Entre los argumentos que la comunidad científica expone para rechazar la disminución presupuestaria se encuentra el riesgo cierto de que se vean afectados los aportes que los investigadores hacen al fomento del desarrollo económico soberano.
Es que el recorte, además de afectar a los organismos dependientes del Ministerio, también aqueja a organismos descentralizados como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Fabricaciones Militares, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, el Instituto Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Los más afectados son el INTA y el INTI, que verían restringidos sus recursos en un 25 y un 27%.
Los investigadores también temen que, de persistir esta tendencia, se revierta el proceso de repatriación de "cerebros” operado en los años anteriores y, como sucedió entre fines de la década del ´90 y principio de este siglo, la falta de recursos para becas y los insumos necesarios para las tareas de investigación obligue a que muchos opten por emigrar buscando horizontes en países más proclives a la promoción de la ciencia.
Se sabe que el presupuesto está lejos todavía de ser ley. La propuesta del Ejecutivo está siendo evaluada y, para que prospere, requiere de la aprobación de la mayoría de las dos cámaras del Congreso.
La movida de la comunidad científica y los argumentos expuestos pueden hacer modificar el proyecto original, reorientando los recortes presupuestarios hacia gastos que tengan un impacto más reducido y con menos relevancia estratégica.
El propio ministro Luis Barañao, que viene de la gestión nacional anterior, admite que "los científicos tiene razón”. Habrá que ver si el oficialismo nacional tiene la voluntad de recapacitar –gesto que no caracterizaba a las gestiones kirchneristas-, evitando convalidad una política de achique cuyas consecuencias se verán inevitablemente en el mediano y largo plazo.
