El problema de la inseguridad se manifiesta en distintos niveles. El primero de ellos involucra fundamentalmente a la fuerza policial y es el que se observa a partir de las fallas en los sistemas de prevención, lo que conlleva que los hechos delictivos se consumen.
Un segundo nivel atañe también a las fuerzas de seguridad, pero asimismo a la Justicia, que debe investigar los delitos. Por causas diversas, algunas justificables -por ejemplo, la escasez de recursos humanos y materiales- y otras no, son numerosísimos los casos que no se esclarecen.
Esta vigencia de la impunidad no alcanza solo a los delitos menores, sino también a los que revisten mayor gravedad, incluso homicidios.
En Catamarca continúan sin resolverse, pese a que ha transcurrido un tiempo considerable, los crímenes de las hermanas Petrona y Trinidad Barrionuevo, ocurrido hace casi tres años en La Merced; del locutor santamariano Guillermo Julio, que data de la misma época; de la psicóloga María Eugenia Rojas, asesinada hace dos años; y de Celeste Moreno y María del Valle Condorí, acaecidos también en 2013, por citar solo los casos más resonantes de los últimos años.
Pero son muchos más, al punto que en una marcha pidiendo por el esclarecimiento del asesinato de Julio, los manifestantes recordaron que solo en Santa María existen 19 crímenes impunes desde el año 2003.
Y el tercer nivel de inseguridad compete de manera particular al sistema penitenciario. Es que en caso de que los casos se esclarezcan y haya condenados, el sistema carcelario en la Argentina no ofrece garantías de que los delincuentes permanezcan encerrados hasta que cumplan sus condenas, mucho menos de que durante el cumplimiento de su pena sean preparados para su readaptación a la vida en sociedad.
Según datos del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, en nuestro país hay en estos momentos más de 105.000 prófugos de la Justicia. Incluye a reos fugados de las cárceles y ciudadanos que no responden al llamado de la Justicia, siendo este último grupo muchísimo más numeroso que el primero. Las estadísticas indican que en 2013 hubo al menos 50 fugas en cárceles y comisarías.
Y se presupone que el año pasado el número fue mucho mayor, considerando que en un solo hecho, acontecido en Rosario en octubre pasado, 32 presos se fugaron de una comisaría.
El debate sobre el tercer nivel de inseguridad se ha reactualizado en estos días a partir de la fuga de un peligroso criminal del penal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. Se trata de Gabriel Figueroa, condenado por el asesinato del joven Matías Berardi, quien se fugó junto a otro peligroso delincuente sin que, presuntamente, nadie se diera cuenta.
El panorama que se observa a nivel nacional no es trasladable a nuestra provincia. Desde la inauguración del Penal de Miraflores ha habido una solo fuga, pero el recluso fue recapturado rápidamente.
Por cierto el combate contra la inseguridad no debe encararse por niveles, de manera aislada. Se requiere un abordaje integral que sea capaz de unificar estrategias de prevención, investigación de los ilícitos y políticas carcelarias. Y, además, terminar con el delito enquistado en el aparato estatal que contribuye a la vigencia de la impunidad.
