La pálida defensa de Castillo

24 de noviembre de 2006 - 00:00

El senador nacional Oscar Castillo salió ayer a curarse en salud ante la denuncia penal presentada en su contra por ex trabajadores del diario La Unión. Pero no lo hizo en la Justicia provincial, donde se hizo la presentación, sino por medio de un escrito publicado, por supuesto, en el diario del Casino provincial, pese a que los ex empleados aseguran que el verdadero propietario es el mismo legislador nacional y ex gobernador. Y tampoco lo hizo en primera persona, como se podría esperar en función de que la denuncia está inequívocamente dirigida contra él, sino que el texto lleva al pie la siguiente inscripción: “Asesoría Legal. Oficina Dr. Oscar Castillo. Senado de la Nación”. De ese modo, el legislador está referido en una distante tercera persona. En rigor, no firmar su opinión como cualquier ciudadano común ha sido una constante en su historia: antes, para decir lo que quería, usaba los sellos de la UCR, de la línea Celeste y hasta del bloque de senadores del FCS. Habrá que suponer, de todas formas, que cada palabra que figura en esta última publicación cuenta con su pleno y absoluto acuerdo, si no es él en verdad su autor intelectual.

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En su defensa, Castillo alega que es víctima de una “campaña difamatoria” y que las afirmaciones que se hacen en su contra son “falsas”. Se refiere a la acusación por supuestas “negociaciones incompatibles con la función pública”, por cuanto, según afirma la denuncia, mientras era gobernador Castillo otorgó beneficios del Estado a los dueños del Casino, a la empresa constructora Capdevila y a la distribuidora EDECAT para que, a cambio, se hicieran cargo de La Unión y su déficit. Y también a la acusación respecto a que habría sido el responsable de dejar en la calle a este grupo de empleados. Para el abogado de éstos, Oscar Romero, no existe tal falsedad, porque de hecho hay un “instrumento público” que da cuenta de que “ha sido él (por Castillo) el que ha dado la orden de despido de los trabajadores”.

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Pero además, quizás lo más relevante sea que la base de la presentación legal de los ex trabajadores está realizada de acuerdo con declaraciones públicas del primer director de Prensa del ex gobernador Arnoldo Aníbal Castillo, César Atilio Molas, y también ex director periodístico del diario La Unión. El propio Molas aseguró que fue Oscar Castillo quien lo designó al frente de ese cargo en el “decano” de la prensa catamarqueña. El periodista no es representante de la oposición política a Castillo o al radicalismo, ni alguien ajeno al conocimiento personal del ex gobernador. Todo lo contrario, se desempeñó en un alto cargo de la primera administración del Frente Cívico y Social, donde Castillo, por entonces diputado nacional, tuvo un rol muy activo.

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Por lo demás, Castillo asegura que los ataques en su contra comenzaron hace un tiempo y que responden a “intereses empresarios que han sido condenados por graves hechos de corrupción” en Catamarca. Más aún, a renglón seguido, afirma que todo esto le sucede porque él “nunca admitió transar con delincuentes condenados por la Justicia”. Sería sumamente beneficioso para la ciudadanía de esta provincia que su representante en el Honorable Senado de la Nación se atreviera a desenmascarar a estos “empresarios” y “delincuentes condenados” que tanto daño le producen. Castillo, que en el escrito se autoproclama “político comprometido con el pueblo” y defensor de los “valores éticos necesarios para el bien común”, debería cumplir en consecuencia con su obligación moral de identificar claramente a los destinatarios de su alegato mediático. Eso es compromiso y tribuna ética, y es lo menos que se puede esperar de un senador de la Nación y ex jefe de Estado. Hasta que se decida a hacerlo, los catamarqueños se quedarán con esta imagen de un Castillo que, frente a una denuncia concreta, apenas atinó a tirar manotazos a los fantasmas en la oscuridad de su refugio parlamentario.

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