El juez José Antonio Carma dijo que se sorprendió porque no hubo coherencia en el operativo de desalojo, y que no haya actuado el personal de Desarrollo Social "para hacer un trabajo de contención y atender las especiales necesidades de la gente que estaba ahí”.
"Nosotros simplemente nos hemos limitado a cumplir una medida solicitada por el señor fiscal en base a la denuncia planteada por el Ejecutivo”, dijo en declaraciones con elancasti.com.ar.
"El juez no tiene otra medida que actuar de acuerdo a derecho –añadió-. Las consecuencias no la puede atender el juez, sino quienes tienen las posibilidades de hacerlo. En este caso el Poder ejecutivo a través de tantos órganos que tiene. El ejecutivo es el que debe atender las necesidades de las personas”.
También manifestó que no tomó conocimiento de personas con fracturas o discapacidad entre los desalojados, "sino se hubieran tomado medidas diferentes. No he tenido noticias de ese caso, nadie me dio información al respecto”.
"Me desagrada tomar este tipo de medidas, pero es mi obligación”, finalizó.
