La reciente presentación en Fortaleza, Brasil, del proyecto de Ley Modelo contra la Violencia Digital hacia las Mujeres, elaborado por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, marca un avance significativo para la región. Es el resultado de un proceso de dos años de trabajo, nutrido por consultas a más de mil organizaciones y especialistas del continente. El objetivo del proyecto es ofrecer una herramienta común que sirva de referencia para los países latinoamericanos, con la flexibilidad necesaria para que cada uno adapte su contenido a sus realidades institucionales y jurídicas.
El antecedente más influyente de este movimiento normativo es el caso que dio origen al Movimiento Olimpia. Cuando la mexicana Olimpia Coral Melo tenía 18 años, su expareja difundió sin permiso un video íntimo. Sufrió acoso, humillación pública, persecución en redes y un sufrimiento emocional que marcó su vida. Cuando intentó denunciar, la respuesta institucional fue que nada podía hacerse, porque no se trata de un delito tipificado en el Código Penal. Aquella experiencia la llevó a encabezar una lucha que hoy tiene impacto continental y que logró instalar la idea de que la violencia digital es una forma más de violencia de género. En Argentina, ese camino derivó en la sanción de la Ley Olimpia en octubre de 2023, que incorporó la violencia digital a la Ley 26485.
La propuesta de ley modelo presentada en Brasil toma los avances del Movimiento Olimpia, pero los proyecta hacia un marco más amplio. Incorpora medidas de prevención, pautas de gobernanza digital y una regulación específica sobre el comportamiento de los intermediarios de Internet, actores centrales en la circulación del contenido dañino. Establece, además, la responsabilidad del Estado en la erradicación de esta violencia.
En Argentina, la violencia digital contra las mujeres ha crecido en los últimos años, alentada en ocasiones por discursos provenientes del poder político. En Argentina, la violencia digital contra las mujeres ha crecido en los últimos años, alentada en ocasiones por discursos provenientes del poder político.
Uno de los capítulos más novedosos aborda la penalización de los deepfakes, es decir, videos, imágenes o audios falsificados mediante inteligencia artificial con el fin de perjudicar o denigrar a una mujer. También se introduce la necesidad de revisar los algoritmos que amplifican sesgos y reproducen desigualdades.
El proyecto también incluye un análisis específico sobre la violencia digital dirigida a mujeres que tienen una vida pública y expresan opiniones sobre la realidad. Se trata de agresiones con un componente político evidente, que buscan intimidarlas, acallarlas o directamente expulsarlas del espacio público. En Argentina, estas prácticas han crecido en los últimos años, alentadas en ocasiones por discursos provenientes del actual gobierno libertario o replicadas por seguidores que operan en redes sociales con dinámicas de hostigamiento coordinado.
Por todo esto, resulta imprescindible que Argentina incorpore a su debate legislativo los lineamientos de esta ley modelo y continúe el proceso iniciado con la Ley Olimpia. La región ya puso sobre la mesa un documento sólido, construido de manera colectiva y con la mirada puesta en los desafíos presentes y futuros. Tomar esos insumos, actualizarlos y convertirlos en política pública es un paso necesario para proteger derechos y reducir un tipo de violencia que crece en silencio, pero impacta de manera profunda en la vida de las mujeres.
