El acusado Pedro Gonzalo Nieva reconoció su responsabilidad y pidió disculpas a la familia de la víctima.
Etapa cerrada. Los padres de Agustín Lagoría, querellantes.
Pedro Gonzalo Nieva llegó a la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación para responder por “homicidio preterintencional”. El acusado confesó, reconoció su responsabilidad y pidió perdón a la familia de la víctima. El Tribunal lo declaró culpable y lo condenó a la pena de tres años de prisión en suspenso.
Durante la audiencia, el fiscal de Cámara Augusto Barros mantuvo la acusación contra Nieva, quien confesó. A partir de ese reconocimiento, la fiscalía desistió de la comparecencia de testigos. Tanto la querella como la defensa adhirieron. Luego, se pasó a la instancia de alegatos.
El Ministerio Público mantuvo la acusación y solicitó una pena de tres años de prisión en suspenso. A la vez, solicitó pautas de conducta. A su turno, la querella y la defensa adhirieron. Tras un breve cuarto intermedio, el Tribunal declaró a Nieva autor penalmente responsable del delito de “homicidio preterintencional” y se lo condenó a tres años de prisión en suspenso.
Según la investigación, el episodio ocurrió el 19 de agosto de 2018, cuando Agustín Lagoria, un joven locutor de 24 años, residente en Tucumán, se encontraba de visita en Santa María participando de una reunión con otros jóvenes. De acuerdo con la investigación, Nieva se alteró cuando Lagoria intervino para evitar que molestara a una joven presente en el lugar.
La víctima se retiró del departamento pero fue seguido por el imputado, quien finalmente lo empujó en una escalera. La caída le provocó lesiones graves y Lagoria quedó inconsciente. Falleció en el lugar sin recibir asistencia médica.
El “homicidio preterintencional” ocurre cuando quien agrede solo pretende causar una lesión o daño pero el resultado supera su intención inicial y termina provocando la muerte. En este tipo penal no hay voluntad de matar ni aceptación del riesgo mortal, aunque sí hay una acción violenta que excede el límite de lo permitido.
El caso había sufrido múltiples obstáculos procesales desde 2018. En más de una ocasión se anuló el pedido de elevación a juicio, lo que generó una profunda frustración en la familia de Lagoria, que tuvo que trasladarse desde Santa María y actualmente reside en Córdoba.
El expediente atravesó sucesivas anulaciones en la etapa de Control de Garantías. Esta situación obligó a la querella a apelar reiteradamente para lograr que la causa avanzara. Cada revés judicial implicó volver a etapas anteriores del proceso, dilatando por años la posibilidad de llegar a juicio oral.
Finalmente, con la intervención del juez de Control de Garantías de Santa María, José Luis Navarro, el caso pudo ser elevado a la Cámara de Sentencia en lo Criminal para su resolución definitiva.
La querella, representada por la abogada Marcela Moya, había manifestado en 2020 que los padres de Agustín estaban "muy devastados, casi sin esperanzas" debido a las demoras e inconvenientes en el proceso judicial. La familia nunca se constituyó como actor civil en la causa. Con esta sentencia, el caso finalmente encuentra un cierre judicial tras años de espera.
