El último Informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ revela un grave incremento en los crímenes contra personas de la diversidad sexual. Solo en lo que va del año –primeros siete meses- se cometieron en la Argentina 102 crímenes de odio contra personas LGBT+, lo que significa un aumento del 70 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Hay que analizar también los datos de años anteriores para comprender cabalmente cuán preocupante es el incremento. La misma fuente señala que en todo 2023 se registraron 133 casos, la misma cantidad que en 2022. En 2021 los crímenes de esta índole fueron 129.
La suba en la cantidad de crímenes contra personas de la diversidad sexual no puede desvincularse de un aumento también de los discursos de odio que se manifiestan en las redes sociales y a través de mensajes emitidos desde lo alto del poder, como la asociación que el propio presidente de la nación, Javier Milei, hizo en algunas oportunidades entre homosexualidad y pedofilia.
Al respecto, el informe consigna: Cuando la estigmatización proviene de la figura presidencial, con tono de doctrina y pretensión de verdad, el efecto sobre nuestras comunidades es letal. Estos datos no pueden analizarse por fuera del contexto político y discursivo en el que se producen --concluye el informe--. Durante 2024 y 2025, la figura presidencial impulsó una construcción sistemática del colectivo LGBT+ como enemigo social. En foros internacionales y redes sociales, el Presidente de la Nación caracterizó a los feminismos y a la ‘ideología de género’ como ‘virus mentales’ y amenazas a la civilización occidental. La comunidad LGBT+ fue asociada a una supuesta ‘agenda criminal’ que debía ser ‘extirpada’”.
Paralelamente al incremento de la violencia discursiva, que se traslada también a la violencia física, se advierte un aumento de la desprotección del sector mencionado por la desaparición, provocada por la administración nacional, del INADI.
Un aspecto particularmente preocupante que revela el informe es que la mayoría de las violaciones a los derechos de las personas de la comunidad LGTB+ son casos de violencia institucional, es decir, perpetradas principalmente por el Estado. Casi el 65% de los hechos fueron cometidos por efectivos de las fuerzas de seguridad o por personal de otras instituciones públicas. El trabajo indica asimismo que más de la mitad de los hechos se consumaron en unidades penitenciarias o comisarías.
El estudio del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ no se queda meramente en el diagnóstico: propone una reforma legislativa para que los crímenes de odio sean considerados delitos tipificados en el Código Penal. Al mismo tiempo, propicia la sanción de una nueva y actualizada ley antidiscriminación a nivel nacional, continuando el camino que vienen realizado algunas provincias, entre ellas Catamarca, que acaba de aprobar su propia norma.
