Los decretos enviados por el Poder Ejecutivo, quedaron sin ser tratados en la última sesión de la Cámara Baja.
La Cámara de Diputados vivió este miércoles una jornada de tensión y debate, en medio de las profundas diferencias entre el oficialismo y la oposición respecto a la legitimidad y el tratamiento de los Decretos Acuerdos enviados por el Poder Ejecutivo a la Legislatura en los últimos días. Finalmente, la oposición logró impedir que los decretos acuerdo en cuestión entraran en discusión durante la sesión, argumentando la inconstitucionalidad de los documentos.
Uno de los puntos principales fue la posición de la presidenta del bloque radical, Silvana Carrizo, quien solicitó formalmente que se dejara sin efecto el estado parlamentario de los decretos vinculados a la designación del nuevo Defensor del Pueblo, a la modificación del Tribunal de Cuentas y a la disolución del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE).
En ese sentido, Carrizo argumentó que estos decretos violan normas fundamentales, como el artículo 5 del Código Civil y Comercial, y el artículo 184 de la Constitución Provincial, que limitan la posibilidad del Poder Ejecutivo de dictar decretos en momentos en que el Legislativo está en funcionamiento. “Estos decretos, publicados en el Boletín Oficial el 9 de mayo, cuando la Cámara ya estaba en funcionamiento, son claramente ilegales, inconstitucionales y nulos de nulidad absoluta”, indicó la legisladora.
El bloque radical también alertó sobre un decreto en particular que establece descuentos adicionales sobre los aportes a la Obra Social de los Trabajadores de la Salud (OSEP), una medida que, aseguraron, afecta directamente a los sectores más vulnerables, como los docentes y los jubilados. Según explicaron, la decisión implica un doble descuento a los jubilados y mayores cargas para los empleados estatales, perjudicando especialmente a quienes menos tienen.
En este contexto, los legisladores por la UCR enfatizaron que “no podemos permitir que metan la mano en el bolsillo a los que menos tienen y que se impongan obligaciones por medio de normas con vicios de vigencia. No podemos aceptar que se gobierne por decreto cuando la Legislatura está en funciones”. Por ello, presentaron una moción para dejar sin efecto el estado parlamentario de estos decretos y evitar su tratamiento en la Cámara.
En respuesta a estas mociones, el oficialismo decidió bloquear su aprobación y convalidar la irregularidad institucional. La negativa generó una escalada en la tensión y, ante la resistencia oficialista, el vicepresidente del bloque radical, Tiago Puente, solicitó una moción de preferencia para tratar el decreto sobre la cuestión de los descuentos en la próxima sesión ordinaria. Sin embargo, esta también fue rechazada por los diputados del Frente de Todos.
Pero la jornada también estuvo marcada por un incidente que demuestra la tensión que se vive en la cámara baja en este año electoral. El diputado radical, Tiago Puente, fue sometido a un pedido de sanción por parte de sus pares oficialistas. La razón de la polémica fue que, el miércoles pasado cuando no hubo sesión, Puente activó el sistema de alarma para convocar a los legisladores al recinto. En sus redes sociales, Puente defendió su accionar y expresó que “¿Saben por qué me quieren sancionar? Por llamarlos a laburar. Toqué el timbre para que bajen al recinto a sesionar la semana pasada, cuando no había sesión ni actividad legislativa”. “No rompí el reglamento, no alteré el orden, simplemente exigí que la Cámara cumpla con su función. No me van a callar", aseveró.
A pesar de las controversias, durante la sesión se dio media sanción a tres proyectos de ley que se encontraban en el orden del día para ser tratados. La primera de las iniciativas aprobadas por mayoría fue la creación del programa de Fomento del Astroturismo en la provincia, una propuesta de la diputada Natalia Ponferrada, “que trata de una modalidad de turismo responsable, sostenible e innovador”, lo calificó la legisladora. “Queremos evitar la proliferación de las fake news”, señaló.
Por último, se aprobó la creación de una campaña provincial de concientización y prevención sobre la enfermedad de Lyme, iniciativa impulsada por Natalia Saseta por el PRO, quien planteó que la prevención debe abordarse desde varias dimensiones: la educación, el control veterinario y el acceso a la salud.
