El deterioro de la red vial nacional se ha convertido en un problema estructural que compromete la seguridad, la producción y la integración territorial de la Argentina. Los relevamientos recientes coinciden en describir un escenario alarmante. Entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales presentan algún grado de deterioro significativo, con el NOA entre las regiones más afectadas. Corredores estratégicos como las rutas nacionales 34, 9, 38, 60 o 157 exhiben fallas estructurales persistentes, banquinas descalzadas, calzadas deformadas y señalización insuficiente. En algunos casos, obras de ampliación o duplicación de calzada permanecen paralizadas desde hace años, transformando los desvíos provisorios en permanentes y elevando los riesgos para los conductores.
El déficit de mantenimiento preventivo ha multiplicado los costos futuros. Especialistas advierten que la reconstrucción de los tramos hoy deteriorados puede demandar entre cinco y diez veces más recursos que los que hubiera requerido su conservación oportuna.
Las economías regionales del NOA -agroindustria, minería, turismo- dependen de la conectividad terrestre para sostener su competitividad. El deterioro de las rutas encarece el transporte, incrementa el desgaste de vehículos, prolonga tiempos logísticos y reduce la eficiencia exportadora.
Más grave aún es la dimensión humana del problema. Las rutas en mal estado incrementan la probabilidad de siniestros viales, especialmente en tramos con alto tránsito de transporte pesado.
Este panorama resulta aún más preocupante si se considera el esquema de financiamiento vigente. El Estado nacional recauda cuantiosos recursos a través del impuesto a los combustibles, cuya carga supera el 50% del precio final entre gravámenes nacionales y otros tributos asociados. De esa recaudación, aproximadamente el 28,58% se destina al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y cerca de la mitad de ese monto debería financiar obras viales. En términos simples, una porción relevante del dinero pagado por los usuarios en cada litro de nafta o gasoil tiene asignación específica para rutas.
Sin embargo, la brecha entre lo recaudado y lo ejecutado se ha vuelto evidente. Las denuncias de descapitalización de Vialidad Nacional, la paralización de obras con financiamiento internacional y la reducción del mantenimiento muestran que esos recursos no se traducen en mejoras concretas. El contribuyente paga impuestos con destino vial, pero las rutas continúan deteriorándose. Plata para rutas hay, pero tiene otro destino.
La discusión sobre nuevos esquemas de concesión o privatización parcial del mantenimiento no resuelve el problema de fondo. Los corredores rentables pueden atraer inversiones privadas, pero vastas áreas del NOA -de menor tránsito- quedarían relegadas. La infraestructura vial nacional no puede depender exclusivamente de criterios de rentabilidad económica inmediata, porque su función principal es integrar el territorio y garantizar igualdad de oportunidades entre regiones.
Argentina necesita recuperar una política vial federal, sostenida y planificada. Ello implica asegurar la ejecución efectiva de los fondos ya existentes, priorizar el mantenimiento preventivo, reactivar obras paralizadas y fortalecer la capacidad operativa del organismo vial.n
