La diputada y presidenta del bloque de la UCR, Silvana Carrizo, denunció "el uso abusivo del artículo 184 de la Constitución Provincial", advirtiendo que durante el receso legislativo "el Poder Ejecutivo avanzó con decisiones de altísimo impacto institucional y social, sin debate, sin control democrático y sin participación ciudadana". Según la legisladora, se trata de 11 decretos acuerdos con medidas "profundamente regresivas" que, adoptadas por decreto, "alteran el equilibrio y división de poderes y no lo vamos a naturalizar", advirtió.
Carrizo destacó que se alteró "el diseño institucional de la Defensoría del Pueblo, su vínculo con la Legislatura, el mecanismo de designación de autoridades y sus atribuciones". Según denunció, la modificación más alarmante "habilita al Poder Ejecutivo a designar por decreto a las autoridades del organismo", eliminando de hecho el rol del Poder Legislativo y permitiendo una intromisión directa del Ejecutivo en un órgano concebido precisamente para controlarlo".
La diputada también cuestionó la disolución del ENRE, el organismo con funciones de control sobre los servicios públicos. "¿Quién gana con esta decisión? No los ciudadanos, que quedan aún más desprotegidos. Ganan las empresas con participación estatal", aseguró, enfatizando que ahora "es el Estado el que se reserva el poder de controlarse a sí mismo y además de manejar los recursos que recaudaba el ENRE".
Carrizo advirtió que la Defensoría del Pueblo no puede suplir al ENRE “y se hace una reforma forzada para darle competencias técnica, potestades regulatorias y sancionatorias". "Eso no es eficiencia: es concentración de poder", sentenció.
Otra decisión inconsulta, según Carrizo, fue la reforma del sistema de aportes de la OSEP. La diputada insistió en que el nuevo mecanismo "desvincula el aporte del trabajador de su salario real" y lo establece "sobre un promedio ponderado de sueldos mínimos de distintos escalafones", generando así "graves inequidades" y afectando directamente "a quienes menos ganan". "Viola el principio de capacidad contributiva consagrado en los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional", denunció y dijo que esta medida es "técnicamente injustificable y socialmente regresiva".
Por último, Carrizo alertó sobre la modificación en el Tribunal de Cuentas. Aunque en los considerandos del decreto se habla de modernización y transparencia, la diputada advirtió que "el primer artículo dice otra cosa: crea cargos con sueldos equiparables a los de jueces de la Corte". Recordó además que, al tratarse de un decreto acuerdo, los legisladores "no pueden modificarlo, solo aceptarlo o rechazarlo", lo que, con la "mayoría automática del oficialismo", deja "el final escrito".
