Lo hizo por partes durante diez meses hasta que fue descubierto por el secretario contable. Fue elevado a juicio pero apeló y está pendiente de resolución.
Desfalco. Un empleado de la secretaría contable logró pagarse un sobresueldo de 15 millones de pesos.
Un contador público nacional que había sido nombrado en la Secretaría Contable de la Corte de Justicia de Catamarca está cerca de enfrentar un juicio en el marco de una causa en la que se lo acusa de fraude en perjuicio de la Administración Pública.
Los cargos que le atribuyen corresponden a una maniobra por la cual durante reiteradas oportunidades alteró la liquidación de su propio sueldo para agregarse adicionales que no le correspondían. El fraude estimado al erario público es superior a los $15 millones.
El apuntado es Gonzalo Guiñazú, de 34 años de edad, quien trabaja en el Poder Judicial desde 2017 y cumplía funciones en el área Contable desde 2022. La investigación se inició por la denuncia del secretario contable de la Corte, Pablo Andrés Rachid Florit, quien descubrió la maniobra en febrero de 2025.
Las actuaciones fueron llevadas adelante por el fiscal de instrucción nº6, Facundo Barros Jorrat, quien para octubre del año pasado, en diez meses, elevó la causa a juicio. En ejercicio de su defensa, Guiñazú presentó una serie de planteos de nulidad que en abril de este año fueron rechazados por el juez de Garantías nº1, Santiago Ahumada Franzzini. Esto fue apelado por el acusado y ahora la causa espera una definición de la Cámara de Apelaciones.
Según pudo reconstruir El Ancasti, las maniobras por las que se acusa a Guiñazú se ejecutaron entre marzo de 2024 y enero de 2025, algunas de ellas incluso en meses consecutivos. Guiñazú, que se encargaba de la liquidación de haberes, agregó a su propio recibo de sueldos ítems que no le correspondían, como “haberes adeudados” o “adicional por 30 años de servicio”, o que incluso se había liquidado algunos días del mes con una categoría superior a la que él tenía.
Estos ítems, además, repercutían en aumentos sobre otros ítems que contenía su recibo de sueldo, por lo que el fraude era mayor.
Para completar el circuito, el contador se encargaba de utilizar las vías oficiales para comunicar al Banco Nación sobre la liquidación de haberes de los empleados del área, con una nota y un archivo en el que figuraba el monto a percibir por él mismo adulterado.
Guiñazú fue descubierto cuando sus superiores consultaron el sistema informático de la Corte y descubrieron que en el último sueldo percibido se había liquidado el concepto de “haberes adeudados”, lo que llamó la atención de las autoridades porque no se le debía ningún tipo de remuneración ni mucho menos había cumplido 30 años de servicio en la Justicia.
Así se realizó una revisión de los meses anteriores y comprobaron que la maniobra se repetía en al menos cuatro oportunidades.
A partir del trabajo de la Fiscalía, tras una serie de oficios y pericias, se pudo constatar que estos ítems agregados por el propio Guiñazú se realizaron en al menos seis meses. En total, según una pericia contable que se ordenó al respecto, se calculó que el daño a la Administración totalizó unos $15.400.000.
Como se mencionó, la causa se elevó a juicio en octubre de 2025 pero la defensa de Guiñazú realizó una serie de planteos de oposición, que fueron rechazados. Hasta el año pasado el contador era defendido por Facundo Moreno Robles y Roberto Mazzucco. Moreno Robles fue designado Defensor Oficial el mes pasado.
Según se conoció, uno de los planteos presentados fue una nulidad sobre la prueba digital obtenida, al señalar que habría sido extraída de una computadora personal del imputado. Esto fue rechazado de plano por el juez Ahumada Franzzini, ya que la computadora desde la que se extrajo la documentación cuestionada es propiedad del Poder Judicial. De igual manera le rechazaron todos los planteos.
Para el juez de Garantías la causa debía ser enviada a la Cámara Criminal que correspondiera por turno para que esta defina fecha de inicio para el juicio. Esta resolución, que fue firmada en abril pasado, fue apelada por la defensa de Guiñazú y el expediente está en manos de la Cámara de Apelaciones para su definición.
