Baigorrí pide reemplazar la ley antiplus por una mesa de trabajo
Además, el diputado del MID cuestionó el manejo de los recursos de OSEP y afirmó que existe una "timba financiera" .
Baigorrí. "OSEP hace una timba financiera con la plata de los afiliados",
El diputado provincial Fernando Baigorri (MID) adelantó que presentará un proyecto para derogar la denominada Ley Anti Plus y crear una mesa de trabajo que reúna a todos los sectores involucrados en el conflicto por el cobro adicional en las consultas médicas. La propuesta busca abrir una instancia de diálogo entre el Gobierno, la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), los colegios y círculos profesionales, representantes de los trabajadores y afiliados, con el objetivo de alcanzar una solución definitiva al problema.
La iniciativa surge en medio del debate que volvió a instalarse en las últimas semanas por el cobro del plus médico y mientras el Gobierno provincial anunció que trabaja en una alternativa para eliminar esa práctica. En ese escenario, Baigorri planteó que el camino no pasa por sostener la legislación vigente sino por revisar de fondo el funcionamiento del sistema.
El legislador sostuvo que la actual Ley Anti Plus "fracasó" porque, pese a estar vigente desde hace años, el cobro adicional continúa existiendo. En ese sentido, consideró que mantener una norma que no logra cumplir su objetivo solo profundiza el conflicto entre pacientes, profesionales de la salud y la obra social provincial.
"La ley no resolvió el problema. Lo único que hizo fue esconder una realidad que todos conocen. Si queremos terminar con el plus hay que sentar a todos los actores en una misma mesa y buscar una solución que sea sustentable", planteó durante una entrevista en el streaming de El Ancasti.
Según explicó, la comisión que propone debería estar integrada por representantes del Ministerio de Salud, la OSEP, el Colegio Médico, el Círculo Médico, el Colegio de Bioquímicos, entidades que nuclean a otros profesionales de la salud, gremios y asociaciones de afiliados.
El objetivo sería revisar el sistema de prestaciones, actualizar los valores de las consultas y acordar mecanismos que permitan garantizar tanto el acceso de los pacientes como una remuneración adecuada para los profesionales.
Baigorri insistió en que el principal problema es el atraso de los honorarios que reconoce la obra social provincial. Recordó que, según el valor ético fijado por el Colegio Médico, una consulta ronda actualmente los 34 mil pesos, mientras que OSEP reconoce entre 16 y 20 mil pesos, diferencia que, a su criterio, explica la persistencia del plus.
"Timba financiera"
En ese contexto, también cuestionó la administración financiera de la obra social y aseguró que existen recursos suficientes para afrontar una actualización de los aranceles médicos.
"OSEP hace una timba financiera con la plata de los afiliados", afirmó el legislador, al sostener que los fondos de la obra social son colocados en instrumentos financieros en lugar de destinarse prioritariamente al pago de las prestaciones de salud.
Para Baigorri, el debate no debería centrarse únicamente en sancionar a quienes cobran el plus, sino en corregir las causas que originaron esa práctica. En esa línea, consideró que mientras no se actualicen los valores que perciben los profesionales, el conflicto continuará reproduciéndose más allá de las medidas que se adopten.
El diputado también cuestionó la falta de una mesa permanente de diálogo entre el Estado y los distintos actores del sistema sanitario. A su entender, la ausencia de consensos provocó que el problema se prolongara durante años sin encontrar una salida definitiva.
La propuesta del MID se conoce mientras el Ejecutivo provincial negocia con las entidades médicas alternativas para eliminar el cobro del plus y analiza mecanismos para absorber parte de esos costos a través de la OSEP. Frente a ese escenario, Baigorri insistió en que cualquier reforma debe surgir del consenso entre todas las partes y no limitarse únicamente a la aplicación de sanciones o controles, ya que, según sostuvo, el problema es estructural y requiere una revisión integral del sistema de prestaciones de salud.
