Los tiroteos verbales entre oficialismo y oposición respecto de la situación económica y las medidas de gobierno en general son un clásico de la política. En Argentina también ocurre y a veces con más énfasis que en otras naciones. La oposición será lógicamente crítica y el gobierno, previsiblemente, defenderá su programa de gobierno. Tanto una postura como la otra están condicionadas por los intereses de las respectivas fuerzas políticas.
Diferente es cuando los cuestionamientos provienen de organismos que están lejos de las compulsas políticas internas, y además están fundamentados en argumentos y estadísticas contundentes, que no dejan margen para dudas.
De modo que el gobierno argentino debería tomar nota del documento elaborado por el Comité de los Derechos del Niños de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y presentado la semana pasada en Ginebra. El tono del escrito, que tiene 17 páginas, es enfático y bastante crítico. Cuestiona con severidad “la reducción de partidas presupuestarias para la infancia, desinversión en salud y educación durante los últimos meses”; critica el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) y el Ministerio de la Mujer y el reemplazo de otros ministerios y secretarías que velan por los derechos de los niños por organismos de menor rango.
“El Comité está seriamente preocupado por los cambios institucionales y políticos propuestos desde finales de 2023 y el impacto que pueden tener en la protección del derechos de los niños, incluyendo: la reducción, fusión y supresión de ministerios; el reemplazo de la Secretaría Nacional de Niñez, Juventud y Familia (SENNAF) por una nueva subsecretaría de menor jerarquía”, dice el trabajo. Y agrega que la preocupación se extiende a “la continua y drástica disminución de las asignaciones presupuestarias para la infancia, incluidas desinversión en salud y educación en los últimos meses”.
El documento de la ONU resalta que siete de cada diez niños argentinos viven en la pobreza (10 puntos porcentuales más que lo que ocurría el año pasado) y el 14% vive en la pobreza extrema.
En su defensa, la delegación argentina ante el Comité expuso datos que implican logros, pero se trata de información del gobierno argentino que concluyó en diciembre, y que revela que en 2023 la mortalidad infantil era un 50% menor que en 2002.
El Comité de la ONU recomienda un aumento urgente de las asignaciones presupuestarias para los niños, que incluya además a personal capacitado, infraestructura adecuada, programas de prevención y atención integral y cuidado. Y manifiesta la necesidad de que se atienda de manera específica las necesidades de los niños con discapacidad y de los pueblos originarios.
Sería deseable que el gobierno tome nota de las críticas y demandas, entendiendo que no se trata de cuestionamientos que llevan una carga de interés político, sino una legítima preocupación por el destino de una población con tantos derechos vulnerados.
