La Provincia no resolvió ninguna de las recomendaciones en materia de legislación que se hicieron en la primera visita realizada en 2022, pese a que se notificó a las autoridades.
Preocupante. El organismo nacional advirtió que se agravaron los hechos de torturas y malos tratos en las unidades penitenciarias. Habían hecho las primeras observaciones en 2022.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) elaboró un informe con duras críticas a la Provincia de Catamarca, en el que le recriminó no haber atendido las principales recomendaciones que se habían hecho en 2022 respecto al accionar de las fuerzas de seguridad, las condiciones de los centros de detención y los hechos de tortura y maltrato.
El trabajo, que se publicó este año tras otra visita hecha entre el 21 y 23 de agosto de 2024, señala que los episodios "aislados" de tortura y malos tratos "se han instalado", y que su utilización es "sistemática y generalizada". También advirtieron que no hay avances en las investigaciones administrativas ni judiciales.
El CNPT realizó inspecciones en el penal de Miraflores y en la Unidad Penitenciaria nº2 de Mujeres, mantuvo reuniones con autoridades del Gobierno de la Provincia, de la Corte de Justicia y la Legislatura, y realizó una "mesa interinstitucional" para evaluar el avance en la implementación de las recomendaciones realizadas en 2022, además de realizar capacitaciones basadas en el monitoreo de lugares de detención, registro y estándares para la investigación de casos de tortura, malos tratos y muertes potencialmente ilícitas destinada a actores judiciales.
El organismo, que depende del Congreso de la Nación, destacó que Catamarca es una de las seis provincias que no tienen un Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura. Las otras son Córdoba, La Pampa, Santa Fe, San Luis y Formosa. Según se advirtió en el informe, el Comité recomendó a la Provincia promover la creación de un mecanismo y la instó a hacerlo mediante la Resolución nº2/24, que fue oportunamente notificada a las autoridades del Gobierno. Se destacó que existía un proyecto de ley en la Legislatura, aunque perdió estado parlamentario (ver aparte).
En su informe de 2022, el CNPT manifestó su preocupación respecto a la Ley Orgánica de la Policía (Decreto-Ley nº4663), que en su artículo nº8 habilita a las fuerzas de seguridad a "arrestar a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida en circunstancias que lo justifiquen o cuando se nieguen a identificarse sin exceder el plazo de veinticuatro (24) horas", entre otras cuestiones. También advirtió sobre el Código de Faltas de la Provincia (Ley nº5171), la "preocupación sobre la competencia que otorga al personal superior de la Policía de la Provincia (correspondiente al lugar donde se cometiere la infracción) para la instrucción e investigación de las faltas previstas por el Código, además de encomendar la administración de la Justicia de Faltas en el Jefe de la Policía".
"En oportunidad de la primera visita, el CNPT recomendó al Poder Legislativo impulsar los debates necesarios para la sanción de un marco normativo respetuoso de los derechos humanos y de los estándares que rigen en la materia, y se solicitó limitar los márgenes de discrecionalidad policial", explicaron, y remarcaron que estas normas fueron declaradas como "contrarias a la Constitución Nacional".
En esa línea, lamentaron que no se registraron cambios. "Conforme surge de las entrevistas con personas privadas de libertad, efectivos policiales y del análisis de la documentación, continúan demorando a personas por averiguación de antecedentes y por contravenciones. Además, al indagar respecto de los procedimientos desplegados al momento de la aprehensión, los testimonios dan cuenta de detenciones arbitrarias que se fundan en la mera percepción de los efectivos que intervienen en ésta, que evidencian prácticas abusivas y contrarias a la ley. Según indican, se identifica a personas con 'actitud sospechosa', que luego son trasladadas a las comisarías, donde les endilgan indistintamente contravenciones o figuras contempladas dentro de la ley orgánica de la Policía para justificar la demora: 'si alguno tiene olor a alcohol, le ponemos ebriedad' (dixit)", resaltó el informe.
El CNPT recomendó en 2022 modificar la legislación provincial al respecto, algo que hasta la fecha no tuvo avances. "Reiteramos la recomendación de la revisión de la Ley Orgánica de la Policía y del Código Contravencional y de Faltas", expresaron.
"Anteriormente se habían relevado hechos aislados, pero pudo constatarse que estas prácticas se han instalado, dando cuenta de una utilización sistemática y generalizada, como forma de control y gestión de la población privada de libertad. En ese mismo sentido, no se relevaron avances ni de investigaciones administrativas ni judiciales orientadas a sancionar las conductas relatadas, ni tampoco mecanismos que permitan prevenir la ocurrencia de estos hechos", recriminó el organismo.
De hecho, el CNPT aseguró que "se agravaron los hechos". Según se detalló, en relación con el momento en el que estos hechos ocurren, se advirtió que estas situaciones suceden "al momento del ingreso a la Unidad Penitenciaria, en una práctica que comúnmente se denomina 'bienvenida' y a su vez, como respuesta a reclamos realizados por las personas privadas de su libertad".
¿Qué hechos enumeró el Comité? Golpes dentro de la celdas, traslado a rastras hasta un sector conocido como 'La torre', en donde las personas "son esposadas de pies y manos a la espalda (método usualmente conocido como 'barquito', 'chanchito' o 'bananita'), donde en ocasiones se les suministra forzosamente medicación inyectable que los deja adormecidos por horas o incluso días". También se denunciaron ataduras a postes o escaleras; y el uso abusivo de armas no letales (con disparos con munición antitumulto) dentro de los pabellones.
Además, informaron "hechos compatibles con torturas y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad durante la detención de niños, niñas y adolescentes", que "llegan a los Centros de Atención y Derivación con lesiones producto de agresiones físicas ejecutadas por los agentes policiales".
El Comité informó de esta situación al Ministerio Público Fiscal mediante una nota remitida al Fiscal General, y desde Fiscalía se informó que las actuaciones las lleva adelante la Fiscalía de Instrucción nº9. También Procuración General informó de actuaciones realizadas en torno a la denuncia de una víctima.
El informe toma especial trascendencia ya que el accionar de las fuerzas de Seguridad está nuevamente bajo la lupa, esta vez por la detención de Jonathan Parta. El hombre, de 33 años, permanece internado en el Hospital San Juan Bautista con una fractura de mandíbula: su familia denuncia que fue víctima de una golpiza en la Comisaría Sexta. Se abrió un sumario administrativo.
Observaciones en el informe
El informe también relevó las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad. Según informó el Servicio Penitenciario Provincial, había 511 personas alojadas al 31 de diciembre de 2024, lo que representa el 75% de su capacidad. "Solo tienen acceso a agua caliente dos horas por día, por lo cual tienen que turnarse para bañarse debido a que no es suficiente el tiempo para todos, pudiendo bañarse cuatro a seis personas por día", detallaron.
En relación con la educación, destacaron que se brinda escuela secundaria por la mañana y educación primaria por la tarde; y además se ofrecen cursos. "Sobre el acceso al trabajo, las únicas actividades remuneradas son las tareas de limpieza y de cocina. Sin embargo, muy pocas personas acceden a éstas y que el pago es entre $1.000 a $5.000 (mil a cinco mil pesos) mensuales", señalaron.
En cuanto a las requisas de rutina, se reclamó que se les rompen pertenencias a las personas privadas de la libertad y que los procedimientos "incluyen prácticas degradantes como desnudos completos y la obligación a ponerse en posición de cuclillas". "La comida es elaborada dentro de la unidad y en las entrevistas refieren que suele estar en mal estado y que la cantidad de raciones no es suficiente", agregaron.
Pero el apartado destinado al servicio de salud es de los más críticos. Por un lado, advirtieron que acerca de la revisión médica "es superficial y no confidencial, efectuada por personal de salud penitenciario", y que "al ingresar con lesiones estas no son consignadas".
En la visita del CNPT en 2022, la falta de asistencia médica había sido uno de los principales reclamos. "A pesar de las recomendaciones realizadas no se registraron cambios favorables al respecto. De las entrevistas surge que la asistencia de salud en la unidad es prácticamente nula, solo atienden situaciones de extrema gravedad. En casos de alguna dolencia el único tratamiento es con analgésicos. Hay personas privadas de su libertad que toman medicación diaria, que es proporcionada por sus respectivas familias. A su vez, la autorización y traslado a turnos médicos suele demorar aproximadamente un mes y medio desde la solicitud del mismo", advirtieron.
En cuanto a la salud mental, se reclamó que las personas no reciben la medicación adecuadamente o en la dosis necesaria (se mencionan casos de esquizofrenia que no recibieron medicación); y que pese a la existencia de un Programa de Prevención del Suicidio, al consultar a las personas privadas de la libertad en las entrevistas éstas dijeron que "pese a haber transitado intentos de suicidios o episodios de autolesiones, no han recibido asistencia alguna".
Ante las recomendaciones del CNPT
Tras las observaciones realizadas por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura hubo algunos intentos legislativos de avanzar en las modificaciones propuestas, aunque ninguno de ellos prosperó y la mayoría ya fue archivado. Uno fue el proyecto presentado por el diputado Gustavo Aguirre (UP), que proponía modificar la Ley Orgánica de la Policía para "dar una seguridad jurídica que efectúe el respeto y cumplimiento de las garantías constitucionales y convencionales de los y las ciudadanas".
Aguirre, que antes de ser diputado tuvo un paso por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, propuso la "derogación del inciso b del art. 8 del Decreto-Ley Provincial N° 4663", al entender que "al facultar al personal policial a la detención de aquella persona sobre la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida en circunstancias que lo justifiquen o cuando se nieguen a identificarse, se vulnera la garantía primaria de libertad, los principios de igualdad ante la ley, de razonabilidad, legalidad y control judicial efectivo". Además, reconoció que el artículo había sido declarado inconstitucional varias veces.
El proyecto no registra ningún tipo de avance en la Cámara de Diputados. Por otra parte, hubo varios intentos de crear un Comité Provincial para la Prevención de la Tortura. El último de ellos fue presentado por la diputada oficialista Verónica Mercado en 2022, pero perdió estado parlamentario en 2024. Hubo otros de Cecilia Guerrero y Cecilia Porta de Salas, presentados en 2015 y 2012 respectivamente, y ambos fueron archivados.
En 2019, el entonces diputado Isauro Molina, también oficialista, propuso la implementación de un "Plan Integral de capacitación para la prevención de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", que estaría destinado al personal de las Fuerzas de Seguridad y a todos los agentes de la Administración Pública. También fue archivado. Se han presentado otras propuestas para modificar la ley que rige a la Policía de la Provincia, pero destinadas a la incorporación de las armas de electrochoque conocidas como "pistolas taser".
