El abogado Iván Sarquís, en representación de la familia del ministro Juan Carlos Rojas asesinado en 2022, apeló la resolución con la que el juez de Control de Garantías N°3, Lucas Vaccaroni, rechazó su pedido para declarar la nulidad del acta de procedimiento del ateneo médico forense realizado en Córdoba en marzo último, junto a todas sus conclusiones y dictámenes.
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La querella apeló el rechazo de la nulidad del ateneo y criticó duramente a fiscalía
Aseguró que el resultado de la junta médica realizada en Córdoba -de la que su perito de parte participó en forma remota-, "produjo un retroceso terrible en el avance de la causa".
El planteo fue concedido ayer y se prevé que próximamente será elevado a la Cámara de Apelaciones para su resolución.
Para Sarquís, "el ateneo fue realizado en forma irregular, conforme a lo que establece la ley".
"Las irregularidades obedecieron a dificultades técnicas y a falencias en su organización, que han imposibilitado, de manera natural y dentro de parámetros razonables, la participación de los peritos en una medida probatoria como esta", apuntó.
Si bien la junta de peritos se llevó a cabo en Córdoba, la querella y su perito de parte, el doctor José Fenoglio, participaron por videoconferencia.
En este marco, Sarquís acusó a la fiscalía del caso, a cargo de Hugo Costilla, de usar elementos técnicos insuficientes para efectuar la conectividad, "que han generado algunos problemas entre ellos, la participación normal con la dinámica y comunicación suficiente como para que se efectúe en pie de igualdad".
"Nuestro perito no pudo participar con normalidad ni desarrollar su posición y teoría frente a los peritos. La única vía que le quedaba era enviar un par de mensajes por WhatsApp, lo que está lejos de ser una exposición formal de un perito en una medida probatoria de esta magnitud, en una causa en la que se está investigando el homicidio de un ministro en funciones", cuestionó.
Consideró además que el "resultado del ateneo fue absolutamente gravoso porque produjo un retroceso terrible al avance de la causa. Nos quita muchas expectativas de que el caso se esclarezca y nos deja en una situación de debilidad probatoria ostentosa".
"Tenemos la escena del crimen cuestionada, las comunicaciones cuestionadas, las imágenes de las capturas fílmicas, de las cámaras de seguridad, del SAE 911 perdidas; y lo único que nos faltaba era que apareciera un grupo de médicos, diciendo que quizá Juan Carlos no fue asesinado; que quizá todas las lesiones que tenía le ocurrieron mágicamente", remarcó.
"Tengo la escena del crimen arruinada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), las cámaras del SAE 911, las del vecino y demás, perdidas o extraviadas, mal gestionadas por el MPF; las comunicaciones del celular de Juan Carlos con inconsistencias, mientras estaba secuestrado por el MPF, y ahora la autopsia (sic)", manifestó el querellante.
"Hay mucha gente que con esta novedad (rechazo del pedido de nulidad) se ha sentido más aliviada, pero la familia no". Para finalizar, advirtió que "el año pasado a nadie se le ocurría hablar de otra cosa que no fuese un asesinato, pero hoy no sabemos de qué estamos hablando. Hay que ser muy terco para mantener el optimismo. Vamos a tratar de ayudar al fiscal del caso para que avance hacia el esclarecimiento del crimen y queremos que le vaya bien, para que la familia tenga un poco de justicia".
Sí hubo "inconvenientes"
En su resolución, el juez Vaccaroni admitió que "existieron inconvenientes técnicos de sonido involuntarios" y que el perito Fenoglio "no pudo expresarse en forma directa; sí lo hizo mediante mensajes de audio enviados vía WhatsApp, emitiendo su opinión".
"El hecho de que el perito de la querella no haya podido participar del acto deliberativo y de las conclusiones de forma presencial y directa no es causal objetiva de nulidad absoluta", remarcó.
Ateneo, ¿para qué?
El juez explicó que al ateneo se le encargó, entre otras cuestiones, determinar el diagnóstico diferencial del origen, las causas y las circunstancias que provocaron la muerte del ministro Rojas.
Para ello, pidió a los especialistas que reevaluaran las tres principales hipótesis que aún investiga el fiscal Costilla: "agresión homicida con elemento contuso en región occipital", "caída accidental desde la propia altura, precipitada o no por una descompensación (mareo, hipertensión ortostática, agotamiento extremo)", y "caída tras forcejeo o empujón contra el piso". El ateneo no pudo establecer cuál fue la mecánica y la etiología de la muerte de Rojas, pero hizo hincapié en que "el deficiente trabajo criminalístico impide inclinarse por una de las hipótesis en particular".
Entre las otras conclusiones, el ateneo determinó que hubo fallas en la preservación del lugar del hecho y de sangre. También consideraron que la muerte no fue instantánea.
Se estableció además que, en base al informe médico legal, se trató de una muerte violenta, afirmación que habilita la hipótesis de la intervención o no de terceras personas. Los especialistas consideraron que tuvo un período agónico en el cual pudo haber realizado movimientos convulsivos o involuntarios, sin posibilidad de incorporarse por sus propios medios.
Con respecto a la lesión mortal y demás lesiones que se encontraron en el cuerpo de Rojas, establecieron que la lesión craneal fatal habría sido causada por un solo golpe y que es más probable que se haya causado en una superficie plana, como el piso.
Declararán más de 200 empleados
Al cierre de esta edición se conoció que el fiscal Costilla citará a declarar a más de 200 empleados del Ministerio de Desarrollo Social -del que Juan Carlos Rojas estaba a cargo-, para que brinden declaración testimonial.
En su resolución, dispuso que las entrevistas sean registradas o grabadas en video y que las audiencias comiencen el lunes 10 de agosto.
A raíz de la abultada cantidad de personas que serán citadas, por día se tomará declaración a 10 personas, hasta que todas sean escuchadas.
Paralelamente designó a cuatro funcionarios para que sean los encargados de realizar la tarea.
También solicitó al actual ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni, que disponga los recursos necesarios para que se concreten las notificaciones en forma personal y por escrito de cada empleado.
En caso de que la persona citada no preste servicio en esa cartera, se deberá informar sus datos para que pueda ser ubicado fehacientemente.