Un retiro espiritual, una misión escolar o un campamento juvenil son espacios de confianza, de entrega y de fe. También, según las acusaciones, el escenario elegido por quienes abusaron de jóvenes bajo su cuidado. El Código Penal Argentino prevé una pena mayor cuando el abuso es cometido por un ministro de culto encargado de la guarda. No es un tecnicismo: es el reconocimiento de que hay formas de poder que, cuando se corrompen, producen un daño agravado. En estos casos, ese poder tiene nombre y estructura: la Iglesia Católica.
La Iglesia no es solo el escenario donde ocurrieron los hechos. Es la estructura que durante años sostuvo la figura pública de Rodríguez: referente diocesano, docente en colegios católicos, músico que tocó el órgano en el Vaticano y en otras celebraciones. Ese capital simbólico es el mismo que, según la acusación, se usó para acceder a las víctimas.
En el caso Rodríguez, el Obispado recién se pronunció en 2024 —cuando la denuncia se hizo pública— para anunciar que el imputado no ejercería funciones docentes "hasta tanto se resuelva su situación judicial". Para entonces, la denuncia tenía cuatro años. Ese desfasaje entre el tiempo de la víctima y el tiempo institucional es, en sí mismo, una forma de encubrimiento. No siempre requiere una decisión activa de ocultar: a veces alcanza con no preguntar, no investigar, no actuar. Con el silencio que, como señalan desde la Red de Sobrevivientes, autoriza. El veredicto de hoy no juzga a la Iglesia como institución pero la causa, con su agravante incluido, la interpela. Esa interpelación no debería quedar sepultada bajo el expediente.
